Por Jesús Susarrey
Diversos temas de la agenda
pública demandan definición urgente y acciones concretas, pero el debate
político es frívolo e insustancial y la respuesta institucional insuficiente.
La sociedad política los aborda con indolencia, discute banalidades en función
de proyectos personales y no prioriza las aspiraciones colectivas ni el
traslado de las inquietudes ciudadanas a la esfera de las decisiones
La Gobernadora señala con
precisión las rutas a seguir en el ámbito estatal, gestiona apoyos y atiende
los compromisos que derivan del pacto federal, pero la sensación es que
su esfuerzo no siempre es correspondido con la formulación y discusión de
alternativas para aterrizar sus propuestas por parte de algunos miembros del
gabinete, Alcaldes, Legisladores y partidos políticos.
Sin embargo, a la fecha no
todos las dependencias del Ejecutivo estatal han mostrado capacidad
institucional para responder. No han presentado el esbozo de líneas generales
de acción, ya no digamos el diseño formal de un proyecto sectorial que permita
encuadrar los apoyos conseguidos. La prioridad ha sido, en muchos casos, la
búsqueda del mayor número de posiciones y de recursos que la comprensión de la
responsabilidad asignada.
El anuncio de recursos para al
campo, por ejemplo, no fue acompañado de una narrativa sobre las acciones a
desarrollar que permitiera dimensionar su impacto. Lo mismo ocurrió con la
planta desalinizadora en Guaymas-Empalme que, no obstante su relevancia, no fue
aprovechado para explicar suficientemente el sentido de la política pública que
se pretende instrumentar.
La frivolidad en el Legislativo
Mientras que en algunos
espacios del Poder Ejecutivo se percibe falta de iniciativa y agilidad para
seguir el ritmo y el programa de su titular, en el Congreso las fracciones
parlamentarias discuten generalidades y actúan como si no tuviesen
responsabilidad en la atención de la agenda pública y la gubernamental. Nada
discuten de las urgentes tareas para homologar la legislación estatal a la
federal en materia de transparencia, educativa, electoral o del
sistema anticorrupción, por citar algunas.
Mientras el gobierno entrante
propone eficacia y honestidad y exhibe el diagnóstico de un inédito desastre en
la administración, los legisladores omiten con desdén debatir medidas para
evitar que vuelva a ocurrir, pese a que en mucho pudo haberlo frenado la
Legislatura anterior. Parecen renunciar a su función de representar el interés
colectivo y a su responsabilidad en la vigilancia entre poderes. Nada
dicen, por ejemplo, de las irregularidades encontradas en la revisión de las
cuentas públicas y de las consecuentes sanciones jurídicas.
Hay algo de ironía y de
cinismo en el hecho que algunos de los legisladores de oposición que fueron
miembros del gabinete anterior - incluso partícipes del desorden - junto con su
fracción parlamentaria se centren en la defensa del interés partidario, en
subestimar los desatinos y pierdan la oportunidad de demostrar con hechos que
su partido rechaza y reprueba la ineficacia y la
improbidad.
La Gobernadora y las
dirigencias nacionales de los partidos insisten en los temas de la agenda
ciudadana y sus discursos políticos promueven la participación y la inclusión,
pero estos mecanismos son desdeñados y en Sonora están ausentes en el debate.
Y no es por ocurrencia, su
relevancia va más allá del interés partidista-electoral, porque tácitamente
implica una alianza con la sociedad que sacaría del marasmo y del descrédito a
las instituciones representativas que han generado en la ciudadanía simpatía
por los candidatos independientes y pulsiones a favor de la democracia directa
para lograr gobiernos eficaces.
Es para celebrar que la
democracia sonorense registre avances en pluralidad y autonomía de los poderes,
pero sin un debate centrado en el interés general y la corresponsabilidad de
toda la sociedad política, no brinda resultados. Es comprensible que el
Gobierno estatal se integre por diversos grupos priistas, pero por la actuación
de no pocos parece en ocasiones más un reparto del botín que compromiso con un
proyecto de gobierno.
Si algo se le reconoce a la
Gobernadora, incluso sus adversarios, es la conexión de su discurso y su
propuesta con las causas ciudadanas, pero también la firmeza de sus
convicciones y propósitos: es difícil suponer que tolerará irresponsabilidad,
frivolidad e indolencia.