Por Jesús Susarrey
Se puede disentir o coincidir
con el posicionamiento y con las propuestas del nuevo gobierno estatal, pero
ignorar que tiene una visión institucional de la política y que acepta
las limitaciones que impone la ley, es un error de enfoque que dificulta la
comprensión de sus acciones e impide valorar con objetividad las rutas que
sigue para solucionar la problemática estatal.
Como explicar por ejemplo que
haya quienes cuestionen la postura de la Gobernadora, secundada por su
Secretario de Gobierno, en apegarse estrictamente a los procedimientos
jurídicos para responder a la justificada exigencia ciudadana de que los
servidores públicos salientes rindan cuentas de sus actos y reciban castigo por
sus presuntos desaseos.
Exigen celeridad como si el
gobierno estatal tuviera la atribución de un juicio sumario o peor aún, la
injerencia de antaño en un Poder Judicial que depende justamente de su
autonomía e independencia para aplicar justicia.
Debiera ser motivo de
celebración su insistencia en ceñir a la Ley el ejercicio del los poderes
públicos como lo establecen los principios de la democracia liberal y que sean
las instancias judiciales quienes determinen su culpabilidad o inocencia. Aplicar
las sanciones administrativas correspondientes e interponer las denuncias
debidamente sustanciadas para exigir justicia es su obligación, su propuesta y
el límite de sus atribuciones.
Proyecto de transformación institucional más que Plan Estatal de
Desarrollo
Suponer que el de Sonora fue
un cambio de gobierno normal y en una democracia normal es otro error de
enfoque que impide dimensionar el tamaño del reto que se enfrenta para
desarrollar un proyecto de un gobierno honesto y eficaz.
Quizás acostumbrados aún al
viejo ritual protocolario de transmisión de poderes, algunos olvidan que el
gobierno saliente simplemente no cumplió con la obligación jurídica y política
de informar con veracidad sobre el estado que guarda la administración pública.
El proceso de
entrega-recepción, evidenció desorden, manipulación de la información pública y
desaseos. Recomponer y descifrar contenidos para contar con un diagnóstico de
mayor precisión que sustente la estrategia de gobierno ha consumido tiempo y
energía.
Sin embargo algunas voces
sugieren tardanza y esperan lineamientos específicos, otros se preparan para
exigir resultados y para la crítica.
El viejo paradigma de planes y
programas que se daban a conocer al inicio de la gestión y las estridentes
declaraciones esperanzadoras para poco han servido. Repletos de generalidades,
lugares y frases comunes simplemente han quedado en el papel. Para lograr
eficacia gubernamental y transparencia en el uso de los recursos públicos se
requiere mucho más que el tradicional Plan Estatal de Desarrollo. No se
subestima desde luego, se señala su insuficiencia.
Hemos anotado ya en este
espacio que los estudiosos del poder coinciden en que la eficacia de un
gobierno se sustenta en tres premisas: En la gobernabilidad democrática,
entendida como la capacidad institucional para responder a las demandas de la
sociedad; en el diseño de las políticas públicas adecuadas y; en la pericia de
sus liderazgos políticos y técnicos.
La gobernabilidad democrática
exige además de la voluntad política, una base fiscal sólida y suficiente; un
Estado de Derecho robusto; la efectiva división y supervisión entre poderes;
rendición de cuentas y; un federalismo consolidado. La nuestra simplemente no
es una democracia normal. Sería una irresponsabilidad fincar sobre ella un plan
de desarrollo que no corrija los problemas sistémicos como la corrupción, la
impunidad, la cultura de la ilegalidad, el clientelismo y la baja participación
ciudadana