viernes, 30 de octubre de 2015

La visión institucional de la política de la gobernadora Pavlovich

Por Jesús Susarrey
Se puede disentir o coincidir con el posicionamiento y con las propuestas del nuevo gobierno estatal, pero ignorar que tiene una visión institucional de la política y  que acepta las limitaciones que impone la ley, es un error de enfoque que dificulta la comprensión de sus acciones e impide valorar con objetividad las rutas que sigue para solucionar la problemática estatal.

Como explicar por ejemplo que haya quienes cuestionen la postura de la Gobernadora,  secundada por su Secretario de Gobierno, en apegarse estrictamente a los procedimientos jurídicos para responder a la justificada exigencia ciudadana de que los servidores públicos salientes rindan cuentas de sus actos y reciban castigo por sus presuntos desaseos.

Exigen celeridad como si el gobierno estatal tuviera la atribución de un juicio sumario o peor aún, la injerencia de antaño en un Poder Judicial que depende justamente de su autonomía e independencia para aplicar justicia.

Debiera ser motivo de celebración su insistencia en ceñir a la Ley el ejercicio del los poderes públicos como lo establecen los principios de la democracia liberal y que sean las instancias judiciales quienes determinen su culpabilidad o inocencia. Aplicar las sanciones administrativas correspondientes e interponer las denuncias debidamente sustanciadas para exigir justicia es su obligación, su propuesta y el límite de sus atribuciones.

En el otro extremo, ex funcionarios y destacados miembros del PAN, señalan persecución política y campañas de desprestigio y exigen ponerles freno. Actúan como si no fuese una exigencia ciudadana y una obligación jurídica y política del nuevo gobierno. Como si estuvieran exentos del escrutinio público y de la rendición de cuentas.

Proyecto de transformación institucional más que Plan Estatal de Desarrollo
Suponer que el de Sonora fue un cambio de gobierno normal y en una democracia normal es otro error de enfoque que impide dimensionar el tamaño del reto que se enfrenta para desarrollar un proyecto de un gobierno honesto y eficaz.

Quizás acostumbrados aún al viejo ritual protocolario de transmisión de poderes, algunos olvidan que el gobierno saliente simplemente no cumplió con la obligación jurídica y política de informar con veracidad sobre el estado que guarda la administración pública.

El proceso de entrega-recepción, evidenció desorden, manipulación de la información pública y desaseos. Recomponer y descifrar contenidos para contar con un diagnóstico de mayor precisión que sustente la estrategia de gobierno ha consumido tiempo y energía.

Sin embargo algunas voces sugieren tardanza y esperan lineamientos específicos, otros se preparan para exigir resultados y para la crítica.

El viejo paradigma de planes y programas que se daban a conocer al inicio de la gestión y las estridentes declaraciones esperanzadoras para poco han servido. Repletos de generalidades, lugares y frases comunes simplemente han quedado en el papel. Para lograr eficacia gubernamental y transparencia en el uso de los recursos públicos se requiere mucho más que el tradicional Plan Estatal de Desarrollo. No se subestima desde luego, se señala su insuficiencia.

Hemos anotado ya en este espacio que los estudiosos del poder coinciden en que la eficacia de un gobierno se sustenta en tres premisas: En la gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad institucional para responder a las demandas de la sociedad; en el diseño de las políticas públicas adecuadas y; en la pericia de sus liderazgos políticos y técnicos.

La gobernabilidad democrática exige además de la voluntad política, una base fiscal sólida y suficiente; un Estado de Derecho robusto; la efectiva división y supervisión entre poderes; rendición de cuentas y; un federalismo consolidado. La nuestra simplemente no es una democracia normal. Sería una irresponsabilidad fincar sobre ella un plan de desarrollo que no corrija los problemas sistémicos como la corrupción, la impunidad, la cultura de la ilegalidad, el clientelismo y la baja participación ciudadana