El deber de la Gobernadora electa y la obligación del Gobernador; gobierno de hombres no de ángeles; controles institucionales no confianza
Por Jesús Susarrey
No es que la Gobernadora electa muestre mayor
sensibilidad para comprender la agenda política que exige un sistema
democrático, tampoco la supuesta resistencia del gobierno actual para iniciar
los trabajos de entrega-recepción, en todo caso oficialmente ya se estableció
una fecha para su inicio formal dentro de los tiempos legalmente
establecidos.
Lo que llama la atención por un lado es que la responsabilidad jurídica y política sea abordada como si se tratara de un acto voluntario, más aún, que sea referido incomprensiblemente como un acto de buena voluntad y no como un proceso institucionalizado que cumple un mandato popular y que busca proteger el interés general. Por otro lado, motiva reflexión el persistente escepticismo –ese si entendible - en la eficacia de las instituciones para procesar adecuadamente el cambio de gobernantes.
Transparencia y rendición de cuentas obligación del
Estado.
Los dispositivos para la transmisión del poder surgen de
un complejo entramado de principios y derechos en el que la transparencia y la
rendición de cuentas son obligaciones fundamentales del Estado y dan contenido
a la democracia como forma de gobierno.
En democracia, la facultad de mando inherente al
ejercicio de los poderes públicos es otorgado por voluntad mayoritaria de
manera temporal y limitada. Conlleva responsabilidad política, entendida como
eficacia para atender los asuntos públicos, y responsabilidad legal que demanda
apego irrestricto a las normas y la ausencia de abusos de poder.
De eso trata la obligada rendición de cuentas, supone la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones. La entrega- recepción es parte de esas pulsiones democráticas que pretenden hacer público los asuntos públicos para sobreponer el interés mayoritario como diría Norberto Bobbio. Del grado de responsabilidad política deriva la eficacia de un gobierno, de la legalidad de sus actos la honestidad.
La entrega-recepción como factor de avance o retroceso
democrático.
Los referentes desde luego que no abonan, ni la omisión
en el escrutinio, con su ya clásico “borrón y cuenta nueva”, ni el linchamiento
político que simula y se agota en lo mediático, han hecho posible el derecho
ciudadano a que le rindan cuentas. La conquista democrática sobre la opacidad y
la discrecionalidad del autoritarismo que define un modelo de relación entre la
sociedad civil y el Estado en función del interés de los representados ha
quedado en el papel. Es paradójico que la incomprensión y el desdén provenga de
la sociedad política.
El enorme avance que representa que en Sonora hoy día la
ciudadanía con su voto decida quien gobierna y que el examen de las urnas haya
producido ya la segunda alternancia partidista, se diluirá de no
concretarse en una entrega-recepción que contribuya a la efectiva rendición de
cuentas y a la evaluación objetiva del desempeño gubernamental. El voluntarismo
se sobrepondrá de nuevo a las instituciones políticas. Esa es la dimensión del
reto de los equipos de transición y rebasa con mucho al frívolo interés por la
evadir responsabilidad; por el cobro de afrentas políticas o para candidatearse
a puestos públicos.
Hay que decirlo sin ambigüedades, es obligación del
gobierno actual explicar y justificar el ejercicio del poder que le fue
conferido temporalmente y proporcionar la información requerida. No es una
concesión, es una práctica regulada por la Ley y es deber de la Gobernadora
electa asumir con seriedad el compromiso y señalar inconsistencias; a las
instancias competentes corresponderá determinar su legalidad y la aplicación de
sanciones si es el caso. La dinámica puede ser tersa o ríspida pero nada les
exime de la responsabilidad de cumplirla.
Poder sujeto al imperio de la ley y la razón, no a
voluntarismos ni caprichos.
No es casual que la filosofía política establezca la
conveniencia depositar el poder político en instituciones y sujetarlo a
controles y al imperio de la ley. Los gobiernos producen bienes públicos
como servicios de salud, seguridad, protección civil etc., su carencia o
insuficiencia afecta al conjunto de la sociedad. De ahí la transcendencia de
contar con indicadores de gestión confiables y no los acostumbrados
triunfalismos que impiden un diagnostico situacional objetivo, saber en dónde
estamos, hacia donde vamos y definir alternativas en el argot de los
estrategas.
De nuevo, en lugar del voluntarismo y del capricho, el
imperio de la razón. El esquema recoge los ideales de los fundadores de la
democracia en norteamérica para un buen gobierno. “fidelidad a su objeto, que
es la felicidad del pueblo, y un conocimiento de los medios que permitan
alcanzarlo”. La improvisación y la simulación son injustificables.
Por ello, los estudiosos del poder prescriben que en el
terreno del servicio público no hay lugar para la irritabilidad o la
hipersensibilidad del susceptible. Los controles institucionales que prevé el
arreglo democrático suponen la vigilancia de los gobernantes no la
confianza. “Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario.
Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las
contralorías externas que las internas del gobierno.” prescribió el llamado
padre de la Constitución James Madison.
El esquema no es discutible, corresponde al gobierno
actual y al entrante su correcta aplicación, a la ciudadanía expresar
aprobación o desaprobación por su desempeño. Para Sonora es avance o retroceso
democrático.
