Sonia Corona/ El País
La distribución de la riqueza se polariza cada día más en
México. En las últimas dos décadas, los ingresos del país han aumentado
mientras las tasas de pobreza continúan estancadas y los millonarios se han
hecho con fortunas más generosas, según un estudio de Oxfam elaborado por el
economista mexicano Gerardo Esquivel —doctor en Economía por la
Universidad de Harvard y actualmente profesor-investigador del Centro de
Estudios Económicos de El Colegio de México—. En el país, el 46,5% de la
población vive en pobreza, mientras un 1% de los mexicanos acumula el 21% de la
riqueza del país.
Oxfam señala que los esfuerzos del Estado para distribuir
los ingresos han inclinado la balanza en favor de los más ricos. “Vemos con
preocupación la excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y
privados en la política pública y la interferencia que esto implica para el
ejercicio de los derechos ciudadanos”, señala el informe. Los empresariosCarlos
Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto
Baillères son los hombres más ricos de México, indica el informe, y sus
fortunas han crecido exponencialmente en los sectores de las telecomunicaciones
y la minería en los últimos 20 años, con ayuda de unas regulaciones estatales
favorables para sus negocios.
En el caso de Slim, el segundo hombre más rico del mundo,
su fortuna catapultó desde la década de los noventa, cuando compró la
telefónica Teléfonos de México (Telmex) al Estado. En 2003, su riqueza se
comparaba con el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, según
estimaciones de Esquivel; la expansión del negocio de las telecomunicaciones
del empresario alcanzaron en 2014 el 6% del PIB del país. El estudio insiste en
que el Gobierno mexicano ha diseñado en los últimos años una política fiscal
que favorece a quienes más tienen. La Hacienda mexicana, por ejemplo, no cobra
impuestos por las ganancias en el mercado accionario, ni por herencias o
cuantiosos intereses.
Problemas básicos
En el otro extremo están 53,3 millones de mexicanos que
viven en pobreza, de los cuales 23 millones no pueden comprar la canasta básica
aunque reciban el salario mínimo. Oxfam ha puesto el foco sobre cuatro
problemas básicos que impiden que este sector de la población adquiera más
beneficios de sus ingresos: la precariedad del salario mínimo, la marginación a
la población indígena, la brecha entre la educación pública y privada y el
incremento de la violencia.
El salario mínimo en México es de 70 pesos diarios (4,53
dólares), su valor se encuentra por debajo de la línea de bienestar y el poder
de compra con ese ingreso ha disminuido drásticamente en los últimos 30 años,
apunta la investigación. La educación pública se imparte en escuelas que no
cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad, y donde el 80% de los
estudiantes no tiene acceso a Internet.
Oxfam ha recomendado al Gobierno recuperar políticas
públicas para atender las necesidades básicas de la población, así como una
política fiscal más agresiva con los sectores más ricos. “México necesita un
Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con
sentido en educación, salud y servicios básicos. Que impulse políticas para que
las personas no trabajen para seguir siendo pobres, para que paguen más los que
más tienen y para hacer un Estado más transparente”, refiere la organización.