Por Jesús Susarrey
Es moda el elogio de lo ciudadano y el reproche a lo
político. Nada más popular que la saludable crítica a los partidos y a
los gobiernos de todos los niveles que no pasan por buen momento. El escrutinio
ciudadano de los temas públicos es desde luego motivo de celebración pero la
exaltación de la anti-política a costa del debilitamiento de las instituciones
o su menosprecio debería concitar reflexión.
Una democracia sin instituciones es un salto al vacío y a
veces parece que se trata más de destruirlas que de corregirlas, como si ellas
fuesen las responsables de los contrasentidos y despropósitos de los actores
políticos. Cierto que la irritación ciudadana es justificada porque la llamada
sociedad política está muy por debajo de la ética que suponen los principios
liberales. Sin embargo, es innegable que en nuestra democracia -pese a
claroscuros– no todo es calamidad.
Los desatinos, responsabilidad de los actores no de
la democracia.
Las desdichas que provoca la “partidocracia”- entendida
como la sobreposición del interés particular y el partidario al interés general
- que trastocan y anulan los procedimientos democráticos - es responsabilidad
de los actores pero no de la democracia representativa como forma de gobierno.
Del aprovechamiento de sus ventajas procedimentales resultó la eficacia del
voto de castigo y sus alternancias -como la de Sonora; el triunfo de
candidaturas ciudadanas y; un nuevo mapa del pluralismo en el que retroceden
los partidos mayoritarios, se robustecen los minoritarios y emergen nuevas
fuerzas.
Los resultados del 2015 no son producto del derrocamiento
del tirano, no es la “primavera mexicana”. El voto de castigo que alternó
poderes, que premió a candidatos ciudadanos, a partidos pequeños y negó avance
a los mayoritarios fue posible por la eficacia de las instituciones, viciadas e
imperfectas pero a veces también incomprendidas.
Los liderazgos impulsan soluciones pero las procesan
las instituciones.
Sería una ingenuidad suponer que la expresión del
hartazgo ciudadano en las urnas, es suficiente para expulsar de la política los
desaseos, la impunidad y los abusos de poder. Los resultados de gobierno se
logran con políticas publicas. Elegir a quienes proyectaron voluntad y
capacidad para ello como el caso de la gobernadora electa Claudia
Pavlovich es un avance importante pero no garantiza que la coalición de
intereses diversos a los que responde la “partidocracia” sea derrotada
automáticamente con su arribo al poder ejecutivo.
Las soluciones articuladas las impulsan los liderazgos
políticos pero se procesan en instituciones sólidas y plurales.
Eficientar por ejemplo la rendición de cuentas exige actualizar el marco
normativo e institucional y armonizarlo con la fiscalía nacional
anticorrupción; robustecerlo con la participación ciudadana efectiva como
propuso la Gobernadora electa y de un Congreso que actué como verdadero
contrapeso, que vigile a los poderes establecidos y perfeccione leyes. Es necesaria
la colaboración comprometida de todos los poderes y niveles de gobierno y de
todas las fuerzas.
La irritación ciudadana: justificada pero infecunda.
Es por ello que exacerbar el hartazgo ciudadano más allá
de las urnas y del deber de exigir puede volverse infecundo. La discusión
pública y la crítica entendida como descernimiento que busca la verdad y
evidencia error o falacia son principios básicos de la democracia liberal, pero
extralimitarse y permitir el encono hacia las instituciones, incluidos los
partidos, conlleva el riesgo de tergiversar el propósito de fortalecerlas y de
encontrar soluciones eficaces.
El compuesto institucional de hoy ha sido dinamitado por
el clientelismo político de grupos de poder que impacta en sus procesos
principales -acceso, ejercicio de los poderes públicos y rendición de cuentas-.
Exigirles que terminen los desaseos es un derecho y un acierto, pero la
solución esta justamente en el fortalecimiento de las instituciones. Socavarlas
es un contrasentido que tira por la borda conquistas liberales. Las
candidaturas ciudadanas que terminan con el monopolio partidista del acceso al
poder es un ejemplo de solución institucional, pero se trata ampliar el derecho
ciudadano, de obligarlos democratizarse para competir, no de suprimirlos.
La convicción por las instituciones de la
gobernadora Claudia Pavlovich
Alienta la atinada e institucional postura de la
gobernadora electa Claudia Pavlovich. Citemos por ejemplo el tema de la
obligada rendición de cuentas del gobierno saliente. Muy puntualmente afirmó
que no habrá la tradicional “cacería de brujas que fabricaba culpables pero
tampoco exoneración de los que son”. Algunas de las voces que más allá del
justo reclamo solicitan linchamiento, levantan la ceja en lugar de celebrar. Cierto
que es entendible que de la percepción ciudadana de un escandaloso desaseo
brote frustración y rencor. El escrutinio no debe omitirse, pero en democracia
la deshonestidad debe ser castigada sistemáticamente por las instituciones –sin
discusión- en cumplimiento de la norma y no en la efímera hoguera pública
sexenal.
Es una obviedad pero vale repetir que las instituciones
democráticas procesan intereses diversos, pretenden garantizar el imperio de la
ley e instalan gobiernos honestos y eficaces. Suprimen al reino de los
caprichos y las ocurrencias, deben actualizarse pero no las mandemos al diablo.
