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Esto sólo puede lograrse con una actitud
responsable y constructiva, basada en el diálogo como mecanismo fundamental
para el acuerdo.
-Sostuvimos con firmeza nuestra postura de que no se gravara el IVA a alimentos
y medicinas.
-En esta marcha aprobamos la pensión para los adultos mayores y el seguro de
desempleo como derechos constitucionales.
-Se limita el régimen de consolidación fiscal, que permitía reducir el pago de
impuestos y diferir su cumplimiento en beneficio de las grandes empresas.
-Se elimina el trato discriminatorio al Distrito Federal y se le incorpora al
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
-Se establece por primera vez un impuesto del 10% sobre las ganancias que
obtengan las personas físicas por la venta de acciones en la Bolsa Mexicana de
Valores.
-Se aplica una tasa de 7.5% a los ingresos de las empresas mineras por la
enajenación o venta de la actividad extractiva, en su mayoría extranjeras y que
al día de hoy solo pagan un ridículo derecho de 35 centavos por hectárea.
-Asimismo, estas empresas pagarán un impuesto extraordinario del 0.5% a los
ingresos derivados de la enajenación de oro, plata y platino. De los recursos
que se obtengan, 40% se destinarán a la Federación, 30% a las entidades
federativas y 30% a los municipios mineros.
-Se elimina el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el impuesto a los
Depósitos en Efectivo.
-Durante el proceso del análisis y discusión,
logramos que se ajustara la propuesta inicial, en beneficio de las clases media
y popular del país, adecuando entre otros los siguientes aspectos:
-Conforme al principio de progresividad, se establecen escalas de tributación de
acuerdo a los ingresos, para que quienes ganen más, paguen más.
-Se limitan las deducciones y devoluciones de recursos que beneficiaban a las
grandes empresas.
-No se gravan colegiaturas, ni rentas, ni hipotecas, ni espectáculos públicos.
-Se implementaron impuestos para proteger la salud de las y los mexicanos, por
el consumo de refrescos y productos “chatarra”.
-Nos mantendremos vigilantes del buen uso de
los recursos públicos y demandamos toda la responsabilidad al Gobierno, para
que estos se ejerzan con eficacia, transparencia y honestidad.
Refrendamos nuestra convicción de que nuestro
quehacer como representantes del pueblo, estará permanentemente al servicio de
las y los mexicanos, en particular de aquellos en condición de vulnerabilidad,
conscientes de la responsabilidad que implica tomar decisiones de esta
naturaleza, que indudablemente no son suficientes, pero constituyen puntos de
partida para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la población.
Nuestro voto, es un voto a favor de México.