Las declaraciones de dos militares evidencian la pasividad del Ejército mexicano en la tragedia de Iguala pese a tener conocimiento de la persecución de los estudiantes
Han Martínez/ElPaís.com
La sombra de Iguala persigue al Ejército mexicano. La
salvaje cacería de estudiantes normalistas desatada la noche del 26 de septiembre
pasado y que acabó con seis muertos y 43 desaparecidos fue conocida e incluso
presenciada por soldados y oficiales. Las declaraciones de dos miembros de la
inteligencia militar, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan cómo el 27
Batallón de Infantería, destacado en Iguala, y su cuartel general, en
Chilpancingo, recibieron información de primera mano de la vorágine. Pese a
ello, el Ejército mantuvo la distancia y dejó que la Policía Municipal, un
apéndice del narco, apresase a los jóvenes. "No te acerques mucho ni te
arriesgues", llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente en uno
de los ataques.
El flujo de información partió del denominado C-4, un
sistema de coordinación de seguridad en el que también participaba la policía
estatal y federal. Allí, un sargento mantenía al tanto al oficial de
inteligencia, quien a su vez ponía en conocimiento de la espiral de violencia a
su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35
zona militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández.
El teniente Gálvez, según su relato, recibió al menos
nueve llamadas. En la primera, el oficial ordenó al soldado Mota, encargado de
comunicaciones y encriptación, acudir a uno de los focos de tensión, a pocos
metros de la central de autobús. Allí la Policía Municipal rodeaba un
transporte repleto de normalistas e intentaba someterlos mediante gases
lacrimógenos y amenazas: "¡Si no bajan, les irá peor!", les gritaban.
Los que se rendían quedaban tendidos boca abajo. Era su sentencia de muerte.
Este contingente de detenidos acabaría siendo entregado a los sicarios.
El agente de inteligencia tomó fotos y, tras ser
conminado por su teniente a no acercarse, regresó a su batallón. A partir de
ese momento se sucedieron las llamadas del C-4 y también las peticiones de
ayuda de ciudadanos. Los militares, bajo órdenes del coronel, empezaron a
patrullar la ciudad. Acudieron a los sitios donde se habían refugiado por
decenas los normalistas, entre ellos, el Hospital General y la Clínica
Cristina, se toparon con heridos graves, alguno al borde de la muerte, y
escucharon los relatos del terror. El cuartel general fue informado.
Un paseo entre
cadáveres
En su recorrido encontraron varios cadáveres. Primero,
dos estudiantes tiroteados a los que ni siquiera se acercaron. Luego, los tres
acribillados en el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones, que la
Policía Municipal confundió con normalistas. Ya al alba, las primeras luces
descubrieron el rostro desollado y sin ojos del estudiante Julio César
Mondragón.
Cuarenta y tres estudiantes desaparecieron esa noche.
Nunca más fueron vistos con vida. La reconstrucción oficial, rechazada por las
familias, sostiene que fueron entregados por la Policía Municipal a Guerreros
Unidos. A golpes, a tiros o asfixiados, fueron asesinados. Con sus cuerpos se
alimentó un fuego bárbaro que aún hoy espanta a México.
Las declaraciones contenidas en el sumario muestran,
cuando menos, la pasividad del Ejército. Fueron testigos de la cacería sin
evitarla. ¿Por qué no intervinieron? Tanto el anterior procurador general,
Jesús Murillo Karam, como el secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos, sostienen que la ley impide a los militares actuar fuera de sus
cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, algo que no ocurrió esa
noche, y que de haberse sustanciado habría puesto al Ejército bajo el mando del
alcalde de Iguala, José Luis Abarca, un peón del cártel de Guerreros Unidos.
"De haber salido hubiéramos creado un problema mayor", ha sentenciado
Cienfuegos.
Este argumento tiene detractores. El grupo de expertos de
la Organización de Estados Americanos, invitado por México a revisar el caso,
ha denunciado la indefensión que sufrieron los estudiantes. "Ninguna
fuerza del Estado que tuvo conocimiento de los hechos actuó en protección de
los normalistas", ha señalado.
Otro punto de fricción procede de la negativa del
generalato a abrir las puertas a la citada comisión para que tome declaración a
los militares. "Si nuestros soldados no han sido señalados en ninguna de
las averiguaciones, ¿cuál es la razón de ir a los cuarteles?", ha
proclamado el general Cienfuegos. Su negativa ha soliviantado a los familiares
de las víctimas. Los padres han desconfiado desde el primer momento de la
versión oficial. Y ahora, cerradas las puertas del regimiento, consideran que
una parte de la verdad de Iguala se les escapa.
