MÉXICO, D.F. (apro).- La empresa
inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, ganó el
recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el
Distrito Federal para reanudar la obra en la calle Rubén Darío número 225,
confirmaron fuentes de la empresa y el Instituto de Verificación Administrativa
(INVEA) del gobierno capitalino.
Ante tal decisión jurídica, esta
semana deberán levantarse los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario
que detonó una denuncia pública y una demanda penal de la empresaria
Aramburuzabala contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor de Televisa, Joaquín
López Dóriga, quien –según acusó– intentó extorsionarla con cinco millones de
dólares para permitir la obra.
Según declaró Aramburuzabala a la
revista Proceso (2026), desde septiembre del año pasado, López Dóriga
afirmó en sus cuentas de redes sociales que esa obra debía ser clausurada.
Además, acusó a la inmobiliaria Abilia de falsificar permisos para derribar
árboles.
Lo que pocos conocían es que la esposa
del conductor estelar de Televisa, Adriana Pérez Romo, estaba en contra
del proyecto inmobiliario y amenazó con “hacer todo lo posible para parar la
obra”.
En la entrevista con este semanario,
Aramburuzabala recordó que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga
para tratar de resolver sus diferencias.
Después de las amenazas y de los
mensajes del conductor y columnista vía Twitter, el pasado 19 de enero se llevó
a cabo un operativo en el que participaron 120 granaderos y 10 patrullas de la
Secretaría de Seguridad Pública del DF para clausurar la obra, pese a que el
proyecto original ya había sido modificado antes por Abilia para atender los
reclamos de vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos.
En su demanda penal, Aramburuzabala
advirtió que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de
los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado,
por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias
urgentes y necesarias”.
A nombre de supuestos comités
vecinales y de 11 habitantes del edificio contiguo de Rubén Darío 223, la
esposa de López Dóriga emprendió acciones públicas para solicitar la suspensión
de la obra. El INVEA autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de
que se incurrió en violaciones al uso del suelo en marzo y mayo de 2015.
Un mes después, entró a escena el
abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien tuvo un encuentro con
representantes de la empresa Abilia para extorsionarlos con la entrega de casi
10 millones de dólares: cinco millones para la esposa de López Dóriga, 600 mil
dólares por honorarios de él y más de cuatro millones por obras de “mitificación”
en la colonia Polanco.
A cambio de esa cantidad, los quejosos
se desistirían de las acciones vecinales y de las acusaciones ante las
autoridades capitalinas en su contra. La amenaza de extorsión fue ventilada
públicamente por Aramburuzabala.
Aún está pendiente el desenlace de la
demanda penal que interpuso una de las mujeres más ricas del país contra el
matrimonio López Dóriga-Pérez, el abogado Becerra Pocoroba y supuestos
representantes de vecinos.
