Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Amnistía Internacional
sostiene que en México la tortura “sigue siendo una práctica generalizada” a
pesar de la legislación para combatirla en tanto que “la impunidad reina entre
los responsables de estos actos”.
En el arranque de la campaña “Stop tortura”, la
organización con sede en Londres, Inglaterra hizo público el informe “La
tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas”, apoyado en una
encuesta de esa práctica en el mundo, realizada por Globescan en 21 países de
todos los continentes.
Según AI, los reportes de tortura “han ido en aumento a
medida que se ha intensificado la espiral de violencia, a consecuencia de la
lucha iniciada en 2006 por el gobierno contra la delincuencia organizada”.
El documento está acompañado de una carta del secretario
general de AI, Salil Shetty, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, luego
de que en febrero de este año visitara el país para “hablar de la crítica
situación que los derechos humanos en México”.
En la misiva Shetty hace una serie de recomendaciones
para atender “los actuales patrones de desapariciones tortura y detenciones
arbitrarias, así como los ataques habituales contra defensoras y defensores de
derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres, con independencia de si los
perpetradores son no funcionarios del Estado”, que se resumen en “poner fin a
la impunidad que fomenta estos abusos”.
En el documento fechado el 9 de mayo, Shetty repasa las
respuestas de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el pasado
Examen Periódico Universal (EPU), en el que el país admitió 168 de 176
recomendaciones, así como la crisis que atraviesa el Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y advierte
que desde que se entrevistó con Peña Nieto en febrero, ha notado que “su
gobierno ha sido reacio a asumir claros compromisos públicos sobre derechos
humanos”.
En el informe sobre tortura, la organización puntualiza
que a partir de 2006 las denuncias de la implicación de policías y de miembros
de fuerzas armadas en las torturas y las desapariciones se han incrementado, en
un periodo en el que al menos 80 mil personas han muerto por la guerra contra
el narcotráfico declarada por Felipe Calderón.
Entre 2010 y 2013, mencionó la organización, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 7 mil quejas de tortura, contra
miembros de fuerzas federales de seguridad, desconociéndose las de las
corporaciones policiacas locales en los 32 estados.
Más grave aún resulta los pocos procesos penales a que
han sido sometidos responsables de tortura, destaca AI: “el consejo de la
Judicatura Federal informó a Amnistía Internacional en enero de 2014 de que los
tribunales federales sólo habían dictado siete sentencias por tortura
desde 1991. En el ámbito estatal, el Instituto Nacional de Estadística
únicamente ha registrado cinco sentencias por tortura en los 2 estados entre 1965
y 2012”.
Dichas cifras contrastan con las entregadas por el
gobierno mexicano al Comité contra la Tortura, en 2012, en el sentido de que
desde 2012 se habían registrado cinco sentencias por tortura, 143 por abuso de
autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 304 por uso indebido
de atribuciones.
El reporte señala que en México “muchas detenciones se
practican sin orden judicial y, con demasiada frecuencia, se detiene sin
pruebas a personas pertenecientes a comunidades pobres y marginadas”, que
carecen de recursos para tener una asistencia legal adecuada, “lo que
acrecienta su riesgo de sufrir tortura y malos tratos”.
Refiere que entre 2008 y 2013 8 mil 595 personas
estuvieron arraigadas por un periodo de 80 días, y de ellas 3.2 % fueron
posteriormente declaradas culpables.
En el apartado dedicado a nuestro país, la organización
resalta la identificación de cuerpos policiacos y castrenses en la ejecución de
la tortura, cuerpos de seguridad “también implicados en desapariciones
forzadas”.
Sobre las revisiones médicas para detectar la tortura,
oficialmente encomendadas a la Procuraduría General de la República (PGR)
a través del “Dictamen Médico /Psicológico Especializado para casos de Posible
Tortura y/o Maltrato”, Amnistía Internacional refiere que revisó 20
expedientes, en los cuales detectó que “no eran conformes al Protocolo de
Estambul”, que fueron realizados “años después del momento en que tuvo lugar la
presunta tortura”, por lo que las víctimas ya no presentaban señales físicas o
psicológicas evidentes de tortura, por lo que invariablemente el delito era
descartado.
En el análisis de cinco casos considerados para la
organización como paradigmáticos, Amnistía Internacional da cuenta de los
métodos de tortura, de las detenciones sin pruebas recurrentes, del imperio de
un sistema de justicia “que no puede o no quiere prevenir la tortura” , de cómo
los sospechosos son recluidos sin cargos y las denuncias de tortura son
descartadas o minimizadas por los jueces, en tanto que los cambios constitucionales
en materia de derechos humanos no han prevenido la tortura y de cómo los
exámenes médicos son aplicados a las víctimas demasiado tarde.
A partir de los casos analizados. AI establece un patrón
de la ejecución de la tortura en México que consiste en “amenazas de muerte,
amenazas contra familias de detenidos; simulacros de ejecución y amenazas de
desaparición forzada; palizas; posturas en extensión; asfixia mediante bolsas
de plástico o trapos mojados; introducción de agua con gas o chile por la nariz
del detenido; descargas eléctricas: violación y otra formas de violencia
sexual”.
Tras señalar como una práctica común las detenciones
“durante largos periodos (…) sin cargos”, y la desestimación de las denuncias
de tortura, la organización resalta que “los exámenes médicos practicados a los
sospechosos, incluidos los procedimientos oficiales para investigar las
denuncias de tortura, distan mucho de cumplir con las normas internacionales, y
permiten que la tortura y otras formas de tratos queden impunes”.
En su informe sobre México, Amnistía Internacional
refiere que lleva “más de 50 años documentando el uso de la tortura y otros
malos tratos” en el país, práctica “generalizada y sistemática en la ‘guerra
sucia’ contra los presuntos grupos armados de oposición y contra las
personas a las que se considera opositores políticos”.
Agrega que en este país, se acepta tácitamente la
práctica de la tortura y los malos tratos al considerarlos necesarios para que
“la policía y las Fuerzas Armadas puedan atrapar a presuntos delincuentes”,
situación que se agudizó en los últimos años “para obtener confesiones o
declaraciones que implique a otras personas, para obtener información, para
obtener dinero mediante extorsión, y para inspirar temor y lograr un
sometimiento”.
El informe resalta que las víctimas de torturas
infringidas por policías, militares o marinos, “a menudo son mostrados ante las
cámaras de medios de comunicación, con la mirada perdida, magullado y
presentado como delincuentes peligrosos antes de ser acusados formalmente”, y
que tanto las víctimas como sus familiares y activistas que los defienden, “se
enfrentan a menudo a amenazas e intimidación”, de ahí que no quieran denunciar
formalmente.
A ello la organización añade las violaciones al debido
proceso en contra de las víctimas de tortura, obligadas a firmar confesiones
auto inculpatorias: “Amnistía Internacional ha entrevistado a víctimas de
tortura que afirman que los abogados de oficio, o bien hicieron caso omiso de
los indicios de tortura, o bien, en algunos casos, las animaron a firmar
declaraciones para evitar nuevas torturas”, mientras que a defensores
particulares o activistas de derechos humanos “se les niega habitualmente el
acceso” a las diligencias judiciales.
Amnistía Internacional presenta 20 recomendaciones al
Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como para
reparar el daño a las víctimas, entre ellas la desaparición del arraigo;
la puesta disposición ante un juez de manera inmediata de los detenidos; las investigaciones
puntuales de las acusaciones de tortura; realizar exámenes médicos
independientes en la puesta a disposición y cuando haya señalamientos de
tortura; que la carga de la prueba recaiga en el Ministerio Público y no en las
victimas; procesar en el fuero civil a miembros del cuerpos policiacos y
castrenses acusados de tortura e implementar mecanismos de resarcimiento de
daños, entre otras.
