MÉXICO, D.F. (apro).- La activista Gabriela Hernández
Arriola, conocida como Luna Flores en las redes sociales, obtuvo una orden de
los magistrados para enfrentar su sentencia en libertad.
Desde finales de octubre Luna Flores fue recluida en el
penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de ultrajes a la autoridad,
supuestamente por haber gritado a dos agentes capitalinos “puercos
asalariados”, la noche del 2 de octubre.
Dicha medida había sido negada por la juez de primera
instancia Marcela Ángeles Arrieta con el argumento de que Gabriela Hernández es
una persona de “peligrosidad social” debido a su asidua participación en
marchas.
Tras salir de prisión, Luna Flores se enteró de que ya
hay otra averiguación previa abierta en su contra y, por tanto, una orden de
presentación que se giró por su participación en la marcha conmemorativa del 10
de junio pasado. Hasta ahora no ha recibido la notificación, debido a que las
autoridades aseguran que no está localizable.
La mujer afirma estar preocupada, pues hace unos días,
cuando ella no se encontraba, arribaron a su casa agentes de la Policía
Investigadora, quienes después de haber sido recibidos por su hijo se retiraron
sin más.
Cuando los abogados de Hernández investigaron la razón,
se enteraron que los agentes habían asentado en su parte informativo que
aquella no vivía en ese lugar y que tenía un domicilio en Ciudad
Nezahualcóyotl, que ella niega haber proporcionado.
La tarde del 10 de junio Luna Flores participó en la
marcha conmemorativa del “Halconazo”, que devino en una confrontación con
granaderos. En los videos difundidos hasta ahora no se observa a la mujer
agrediendo policías, sino reclamando la detención de Carlos Esteban Jiménez,
integrante del Frente Oriente, quien ese día fue detenido junto con otros
jóvenes. Sin embargo, de repente fue detenida, arrastrada por varios metros y
subida a una patrulla.
Aunque hasta ahora desconoce la querella, Gabriela
Hernández dice tener miedo de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera intente
regresarla a prisión.
Procesos
pendientes
Las acusaciones que pesan contra activistas capturados en
2013 han ido cayendo una a una al resolverse juicios de amparo que concluyeron
en violaciones al debido proceso desde que se les dictó auto de formal prisión.
Además de Luna Flores, por los hechos del 2 de octubre obtuvieron su libertad
seis de los arrestados.
Sin embargo, continúa preso en el Reclusorio Oriente
Jorge Mario González García –detenido en esa ocasión a bordo de una unidad de
transporte público en el Centro Histórico–, acusado de ataques a la paz pública
supuestamente por lanzar petardos en el trayecto.
Aunque no hay denuncia por daños en propiedad, mobiliario
urbano o de transeúntes, ni testimonios directos, González García fue
sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión en enero pasado. La misma
juez Marcela Ángeles Arrieta consideró suficiente prueba el dicho de dos
policías.
A Jorge Mario se le negó la apelación y está en espera de
que un amparo pueda revertir lo que considera una criminalización por consigna,
de la cual responsabiliza a la rectoría de la UNAM.
Otro de los detenidos ese día en la avenida Reforma es
Alejandro Bautista, preso en el Reclusorio Norte, quien ha trabajado en la
defensa jurídica de los pueblos originarios de la delegación Tlalpan, al sur
del Distrito Federal.
Bautista, quien también está a la espera de un amparo, se
ha proclamado preso de conciencia por su oposición a los proyectos
urbanizadores e inmobiliarios del gobierno capitalino desde la época de Marcelo
Ebrard.
En el Reclusorio Norte también se encuentra recluido
Abraham Cortés, un artista callejero acusado de incendiar a un policía con un
coctel molotov. De acuerdo con su abogado, Rubén Díaz, el video que incrimina a
Cortés fue editado, pues en realidad lanzó una botella de refresco que no llegó
a la línea de granaderos, como se observa en el video original.
Apelaciones en
puerta
Por los hechos del 10 de junio pasado, durante la marcha
por el 42 aniversario del “Halconazo”, Carlos Esteban Jiménez, Luis Barrera, Fredy
Rosete Arizpe, Diego Mora, Carlos Vázquez y Diego Jacob Lara fueron
sentenciados, cada uno, a cuatro años y cuatro meses de prisión. Aunque la pena
es conmutable por servicio social y multa, decidieron apelar bajo la
insistencia de que son inocentes.
De acuerdo con los documentos del proceso que se les
siguió, no existen pruebas contundentes que acrediten los delitos de los que se
les acusa, y este miércoles 7 de mayo se espera la resolución del acto que
apelaron.
También mañana, Alejandro Montaño –sentenciado a ocho
años y nueve meses de prisión– espera que la apelación que interpuso sea
resuelta por la sala penal del Poder Judicial capitalino.
Montaño fue detenido en dos ocasiones. La primera cuando
trepó a la Estela de Luz, el pasado 24 de febrero. Posteriormente, el 22 de
abril, fue severamente golpeado por elementos de la policía capitalina, luego
de ser detenido en la protesta contra las leyes complementarias en materia de
telecomunicaciones.
En esa última fecha vecinos de la colonia Doctores lo recogieron
mal herido y evitaron que una ambulancia del cuerpo de emergencias de la ciudad
(ERUM) se lo llevara.
“El ERUM es un auxiliar del Ministerio Público”, dice
Montaño, cuyo nombre en redes sociales es Jamspa.
La información sobre el caso fue difundida por los mismos
vecinos de la colonia Doctores, quienes que mostraron la imagen de Jamspa y
otro joven muy golpeados y cubiertos de sangre.
