MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas de que se cumpla un
lustro de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el
representante de padres de familia agraviados, Francisco Javier García
Quintana, acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de hacer un “uso político” de
la desgracia y de mantener en la impunidad el caso.
El también dirigente de la organización Movimiento 5 de
Junio denunció en rueda de prensa la “deficiente” actuación de la PGR al no
ampliar el ejercicio de acción penal hacia funcionarios y ex colaboradores del
IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo, así como de los
dueños de la guardería, a partir de la resolución de violaciones graves a los
derechos de los niños emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También señaló que en días pasados se reunió con personal
de la PGR, los cuales le informaron que en breve se realizaría un nuevo
peritaje a partir de la apertura, el pasado 16 de diciembre, de una nueva
indagatoria.
“Lo que se nos dijo es que el peritaje se iba a hacer con
una metodología más confiable, y yo les dije que a menos de que esa metodología
incluya una máquina del tiempo, no veo cómo van a determinar quiénes fueron los
responsables”, apuntó.
El fundador del Movimiento 5 de Junio reprochó que esa
indagatoria “ya fue desechada en el peritaje de David Smith, en el sentido de
que el incendio fue provocado”, versión que para los padres resta
responsabilidad a los funcionarios del IMSS, de Sonora y del ayuntamiento de
Hermosillo.
La especie del incendio deliberado ha sido impulsada por
otro grupo de padres de familia de víctimas, “Manos Unidas por Nuestros Niños”,
que supone que el fuego se inició en las instalaciones de la Secretaría de
Hacienda local, junto a la guardería, con la intención de destruir
documentación de los recursos ejercicios por el gobierno de Eduardo Bours en el
Plan Sonora Proyecta, y que el autor material del siniestro habría sido
asesinado.
El dirigente del Movimiento 5 de Junio recordó que hay
cinco peritajes respecto del caso, entre ellos el encargado por la SCJN a un
grupo de expertos independientes, así como el de Smith, “que fue desechado
porque no cumplía con los requisitos mínimos, pues se basó sólo en fotografías
del siniestro, además de que caía en contradicciones, ya que si veía una mancha
en el piso decía que era un acelerante de fuego”.
Para García Quintana ese tipo de versiones “busca abonar
en la impunidad, cerrar el caso diciendo que el responsable fue una persona que
provocó el incendio y que ésta ya falleció en 2009 asesinada, para que después
se diga qué eficiente es el sistema de investigación y procuración de justicia,
pero lo que se pretende es achicar la responsabilidad de los inculpados, los
dueños que está en el proceso penal y los demás ex funcionarios, de la bodega
de Hacienda y del propio IMSS”.
Por ello García Quintana demandó no realizar el peritaje
anunciado por el gobierno de Peña Nieto: “que no nos tomen el pelo y que no
gasten recursos públicos, que se ve que tiene más fines preelectorales y
políticos que abonar a la impartición de justicia”.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh), José Rosario Marroquín Ferrera, apuntó que la resolución
de la SCJN por el caso ABC “no exoneró a los funcionarios estatales, federales
y municipales, sino que se abstuvo de hacer los señalamientos para que las
instancias correspondientes, como la PGR, estuvieran atentas para realizar las
investigaciones, situación que no se ha cumplido cabalmente”.
Marroquín Ferrera consideró que el anuncio del gobierno
de Peña Nieto de indagar “las investigaciones en torno a la tragedia”, son de
carácter “mediático, como lo fueron otras declaraciones, entre ellas que se van
a rescatar los restos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, porque en
ninguno de esos casos se está haciendo algo con seriedad, no ha habido acciones
efectivas”.
García Quintana hizo un breve recuento de la situación
jurídica de la muerte de 49 menores, acción considerada por los jueces como
homicidio culposo o imprudencial, así como de las lesiones a otros 70 niños.
Además, recordó que la pariente de Margarita Zavala Gómez
del Campo, Marta Matilde Altagracia Gómez del Campo, “fue beneficiada por
jueces y magistrados para obtener el sobreseimiento en la causa en su contra,
lo que equivale a una sentencia absolutoria, con el argumento de que no tenía
la obligación de cuidado, sino que era sólo era una socia capitalista”.
En el mismo tenor se enmarca la situación legal del otro
socio de la guardería ABC, “Gildardo Urquídez Serrano, y a ello se debe sumar
el hecho de que al inicio de este año fueron liberadas las dos únicas personas
que llevaban el proceso en prisión: Yadira Barreras y Delia Irene Amantes,
ambas funcionarias del IMSS”.
El activista mostró documentos contenidos en el
expediente de oficios enviados a autoridades municipales y del IMSS para
tramitar los permisos correspondientes para la operación de la guardería ABC,
firmados por Gómez del Campo Tonella, testimonios que para García Quintana
hablarían de la responsabilidad de la pariente de Margarita Zavala en la muerte
de los menores.
Asimismo agregó que no hay fecha para que la PGR consigne
ante un juez la causa y se dicte la sentencia correspondiente.
En cuanto a la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como “ley 5
de junio”, García Quintana lamentó que sólo 30% de las entidades del país hayan
legislado localmente al respecto.
En la conferencia también participó el presidente de la
organización Atención al Consumidor, Daniel Gershensen, quien alertó sobre la
intención de la dirigencia del PRI de Sonora de impulsar en 2015 como
candidatos a diputados federales al exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara;
al ex procurador Abel Murrieta, y a Claudia Pavlovich Arellano, dirigente
priista y ex legisladora local que defendió a los dueños de la guardería.
Al sugerir a la dirigencia nacional y estatal del PRI que
“reconsidere las postulaciones”, Gershensen reprobó que “esos ascensos
políticos se den gracias a la tragedia de la guardería ABC, como ocurrió con el
entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien dijo que el incendio fue un
accidente y no se debía considerar un delito grave, y que luego fue premiado
como embajador de México en Londres y ahora lo es en Washington.
“Lo mismo ocurrió con Marisela Morales, extitular de la
PGR, quien ahora es cónsul en Milán. No cabe duda que en este país la
ineficiencia y la complicidad se premian”, acusó.
Los activistas anunciaron movilizaciones para recordar la
tragedia el jueves 5 de junio en las ciudades de Hermosillo y el Distrito
Federal.
