Gil Olmos/Proceso
MEXICO,
D.F. (apro).- Enrique Peña Nieto engaña y sus mentiras buscan ser ocultadas con
una efectiva estrategia de comunicación que le permite seguir mintiendo a
través del control absoluto de la información en televisión, a través de
campañas que nos hacen recordar la antigua práctica de los sofistas de hacer de
una patraña una verdad.
En
menos de un año las promesas que hizo Peña Nieto, primero como candidato del
PRI y luego como presidente, a través del Pacto por México, se han ido
desmoronando hasta tomar su verdadera fisonomía.
Ocho
meses después la realidad se ha impuesto. La economía nacional cayó 0.74%,
según alertó el INEGI, y la Secretaría de Hacienda por segunda ocasión en el
año redujo la expectativa de crecimiento que, inicialmente, aseguró sería de 3.1 a 1.8%.
El
impacto de este decrecimiento se verá principalmente en los programas sociales.
Cuando firmó el Pacto por México como plataforma de su gobierno, Peña aseguró
que se combatiría la pobreza que aqueja a más de 50 millones de mexicanos. Hoy
la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, simplemente dijo que la
Cruzada contra la Pobreza ya no abarcaría a todos los pobres sino sólo a 7.4
millones en extrema pobreza y, de 400 municipios que aseguró se atenderían, hoy
dicen que solo se abarcará a 80.
En
materia de transparencia, Peña Nieto también ofreció que su gobierno combatiría
la opacidad y daría nitidez a todas sus acciones. Hoy el PRI en la Cámara de
Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Transparencia tendiendo un manto de
protección a la PGR, Banco de México, CNDH, Ejército y partidos políticos
frente a las solicitudes de información realizadas al IFAI. Para tener acceso a
la información de estas entidades públicas habrá que iniciar un juicio y, en
caso de tener un fallo favorable, las instancias podrían apelar, convirtiéndose
este derecho en un costoso enjambre burocrático.
La
aprobación de estas reformas a la Ley de Transparencia sólo provocan sospechas
de que el gobierno de Peña Nieto quiere prepararse para ocultar información de
acciones que tomará en materia de justicia –la salida de Rafael Caro Quintero y
el regreso de propiedades a Raúl Salinas de Gortari–, lo mismo que del Ejército
y los partidos políticos que, por ley, están obligados a dar información por
ser entidades de interés público.
Es
claro que la intención del gobierno federal es controlar al IFAI, lo cual
significa un retroceso en la lucha ciudadana de décadas por tener información
de la actuación de las entidades gubernamentales.
Ahora
que el gobierno federal dice que las reformas de telecomunicaciones serán para
beneficio del público, en realidad sólo las grandes empresas de los medios,
como Televisa y Televisión Azteca, recibirán las ganancias del nuevo canal por
abrir.
Lo
mismo habrá de ocurrir con las reformas del sector energético que disfrazan la
privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en los contratos de utilidad compartida, tanto para la
explotación de los hidrocarburos como de la generación de electricidad. ¿Cómo
es que piensan que abriendo este sector estratégico se puedan generar empleos y
mejores salarios para los mexicanos si los beneficios directos serán para los
nuevos socios internacionales?
Pero
de todas las mentiras, quizá la más dolorosa sea aquella en la que aseguró que
el país estaría en paz y se acabaría la violencia generada por el crimen
organizado. En lo que va del gobierno de Peña Nieto se han registrado 7 mil 119
muertes por la narcoviolencia en México, reveló recientemente el gabinete de
seguridad, lo que representa mil 10 asesinados cada mes o 34 diarios en
promedio.
El
desinterés por atender a las víctimas de la violencia se hizo más que claro
cuando el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció que se asignarían
sólo 400 ministerios públicos para atender los 26 mil casos de desapariciones,
y a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Provictima) un
presupuesto mínimo de 420 millones de pesos para atender a miles de familias de
muertos en la guerra contra el crimen organizado.
Esta
lista de promesas no atendidas por parte de Peña Nieto describe el tipo de
gobierno que tendrá en los cinco años restantes. Un gobierno de mentiras que
habrán de ser disfrazadas por los principales medios y sus voceros en turno.
Twitter: @GilOlmos
