•La Unidad Especializada en Delitos Fiscales
y Financieros del organismo federal da seguimiento al caso
•Noé Siqueiros comparece en la capital del
país para ampliar su testimonio; también a Peña Nieto pide justicia
•Ante la PGJE rinden declaración Eleno de
Anda, Juan Manuel Félix, Jesús Camarena y Antonio Cervantes
Fernando Villa Escárciga
“… Sí, a mi papá y a muchos pescadores en
Nayarit también les hicieron lo mismo”, expresó Cindy Mariana Hidalgo
Padilla, agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la
República con base en la Ciudad de México, Distrito Federal.
La titular de la Mesa 15 de la Fiscalía de
Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Fiscales y Financieros, organismo de la PGR, agregó más información
al expediente sobre el fraude a miles de pescadores de Guaymas y sus familias.
Hace unas semanas compareció ante la Agencia
Ministerial de la Mesa 15 el líder de las viudas y pescadoresNoé Siqueiros
Luque, quien ante pedimento oficial presentó más información sobre este caso
que investigan órganos judiciales de Sonora y la Federación.
El caso, como ya se ha informado, se refiere
al Fideicomiso 8045-9 inscrito en Scotiabank Inverlat del que se
desprenden omisiones, complicidades y corruptelas de directivos cooperativistas
y banqueros que hasta ahora se han burlado de la ley y la justicia.
Legítimos
dueños
Con Noé Siqueiros al frente, los hombres de mar exigen la devolución de
millones de pesos depositados en el Fideicomiso que primero se registró en Multibanco
Comermex y después pasó a Inverlat, en un sinuoso camino pronto a
despejarse.
Los recursos fueron fondeados con el valor de
800 kilos del camarón mejor cotizado en dólares, retenido a trabajadores de más
de 500 barcos entre 1983 y 1990, lo que equivaldría a cientos de millones de
pesos más intereses a la fecha.
Lo anterior se suscribió por la ex Federación
de Cooperativas “Sur de Sonora” en acuerdo con la Confederación Nacional de
Cooperativas Pesqueras bajo el mando de Jorge Muñoz Villanueva así
como Lidia Valle Espinoza, hoy indiciados por presuntos delitos penales.
El dinero estaba destinado, según los argumentos
legales del fideicomiso, a garantizar un fondo como seguro de vida para los
pescadores y sus familias, así como para la jubilación de los hombres de mar.
Es dinero de ellos, dinero ganado durante
arduas jornadas, de privaciones y sudores de día y noche en altamar durante
varias temporadas de siete meses o más cada una en el transcurrir de ocho años;
es dinero que les quieren robar.
Pero las Viudas de Pescadores y los hombres de mar que sobreviven o sus familias ahí siguen: tercos, insistentes, en reclamo constante de que las instituciones de justicia hagan su trabajo, de que cumplan con la ley.
Hoy la PGR a través de la Unidad Especializada
en Delitos Financieros despliega sus redes de investigación para esclarecer
este caso en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora.
En seguimiento a la Averiguación Previa
C1-1087/2006, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Humberto
David González Cano, recién ordenó la comparecencia de varios directivos y
personas involucradas en el caso.
Por lo pronto, ya rindieron su declaración
ministerial Eleno de Anda López, Juan Manuel Félix Espinoza, Antonio
Cervantes Zúñiga, Jesús Camarena Hernández y Francisco
García Rodríguez, éste último en calidad de testigo.
Al mismo tiempo, la Procuraduría Estatal
mantiene su petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que
ordene a Scotiabank Inverlat rinda información pormenorizada sobre todos
los manejos y situación actual del Fideicomiso 8045-9.
Durante varios años el caso de las Viudas y
Pescadores de Guaymas parecía navegar hacia la derrota, pese a las constantes
movilizaciones, marchas, plantones y bloqueos de cientos de hombres de mar y
sus familias.
Solicitud
a EPN
El caso dio un giro espectacular desde que el
reconocido abogado sonorense Roberto Ross Gámez tomó las riendas del
litigio para poner jaque a varias instancias federales, incluida la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Noé Siqueiros, por su parte, mantiene un
arduo trajín con documentos probatorios en mano, tocando puertas, exigiendo
justicia y rindiendo testimonios sobre uno de las injusticias más crueles
contra los pescadores sonorenses.
Empero, intervención de la Unidad
Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, desde la capital del
país, parece indicar que la aplicación de la ley está cada vez más cerca.
En ello, quizá, también tendría qué ver el
reciente documento remitido por Noé Siqueiros al presidente Enrique Peña
Nieto, en el que le explica la situación de los pescadores guaymenses y sus
legítimos reclamos de justicia.
Siqueiros Luque, emanado de una familia de
hombres de mar, expone al Presidente la República la desesperante espera de
cientos de familias que exigen lo suyo: el patrimonio logrado con su trabajo y
sudor.
Del presidente Peña Nieto y las autoridades
procuradoras de justicia, las viudas y pescadores del puerto sonorense apenas
demandan la simple aplicación de la justicia con fundamento en la ley.
Por ahora, la PGR y la PGJ de Sonora parecen
aprestarse a tender sus redes en un proceso donde, al tiempo que se castiga a
los trácalas, se recupera el patrimonio para sus verdaderos dueños: Las Viudas
y Pescadores de Guaymas.
