Por Jesús Susarrey
No es necesario un análisis profundo para advertir
la diferencia entre la percepción ciudadana y la perspectiva que ofrecen las
élites gobernantes sobre la realidad sonorense. En ocasiones, de la sociedad
política brota información que si bien refleja buenas intenciones y alienta
esperanza, es parcial y omite realidades que la ciudadanía observa en el día a
día.
Acostumbrados a los anuncios espectaculares sobre
inversión pública o sobre nuevos paradigmas para el ejercicio del poder,
parecen olvidarse de rubros esenciales del quehacer gubernamental como cumplir
y hacer cumplir la Ley para garantizar que las interacciones sociales se
desarrollen en armonía y en un entorno de estabilidad y orden público.
Tampoco es necesario para la ciudadanía adentrarse en la
extensa y compleja estructura legal para percibir las inconsistencias y las
omisiones. El tema abarca desde los especializados mecanismos de procuración e
impartición de justicia hasta las normas básicas para la convivencia pacífica
que contemplan por ejemplo los Bandos de policía y buen Gobierno bajo
responsabilidad de los municipios.
Mientras desde los tres niveles de gobierno y los tres
poderes se anuncian necesarias y atinadas medidas como las expresadas
recientemente por el Procurador de Justicia para que los ministerios públicos
cumplan diligentemente su responsabilidad o las disposiciones para establecer
al mando único policial, en algunos municipios e instancias del Gobierno
Estatal y Federal se omite la aplicación de normas elementales para garantizar
la integridad y derechos de las personas y la paz y el orden público.
Desde la perspectiva ciudadana la incongruencia es
evidente. Habitantes de San Pedro exigen suspender la construcción de un
complejo de gas en su comunidad que consideran riesgoso e ilegal y las
autoridades no logran convencerlos de lo contrario; aduciendo problemas de
inseguridad, en diversas poblaciones los ciudadanos restringen accesos y
vialidades y; en otras exigen con razón orden y tranquilidad en los espacios
públicos.
La lista es larga e independientemente de su pertinencia
y sustento, lo cierto es que genera la sensación de que las cosas no marchan
bien y que las autoridades no están a la altura del reto o que los mecanismos y
recursos de que disponen son insuficientes. Si la cultura de la legalidad
es una creencia compartida de que todos cumplen y deben cumplir la Ley, no
puede decirse que esté sólidamente arraigada.
Cierto que hay avances innegables. El nuevo sistema de
justicia penal, la actualización de la legislación en materia de transparencia,
la creación de fiscalías especializadas, en independencia del Poder Judicial,
en la articulación y profesionalización de las tareas de seguridad pública,
entre otras medidas relevantes.
De hecho puede afirmarse que el antiguo boceto de un
pueblo sin Ley ha empezado a desvanecerse pero no por ello el tamaño del reto.
La férrea determinación de la Gobernadora y su capacidad para transmitir con
sencillez y claridad sus proyectos genera confianza y ha marcado diferencia con
el gobierno anterior pero esos atributos deberán ser emulados por sus
colaboradores para traducirlos en avances.
El problema es que en las estructuras de gobierno parece
que olvidan tareas sencillas pero esenciales. No hay por ejemplo conducta que
trastoque la convivencia pacífica y valores sociales y de particulares que no
estén contemplados en la legislación sobre seguridad pública y los bandos de
policía y buen gobierno. Cada escándalo exhibe las omisiones en su aplicación y
opaca logros de mayor trascendencia.
Las Leyes y reglamentos facultan a Estado y Municipios
para prevenir y sancionar desde la conducción en estado de ebriedad, la ingesta
de alcohol y drogas en espacios públicos, producir sonidos que perturben la
tranquilidad de personas, depositar basura en lugares públicos, obstruir el
libre tránsito de personas, ya no digamos para cumplir las disposiciones
en materia de derechos humanos, de control urbano y respeto a la propiedad
privada y la privacidad.
Quizá sea tiempo de replantear la distribución de las
tareas, combatir la omisión o reconocer la insuficiencia de recursos
asignados. Los rezagos y el desastre heredado al gobierno de Claudia
Pavlovich son enormes, exigirle soluciones inmediatas sería una
injusticia, pero sin avanzar en la efectiva vigencia del Estado de
Derecho el reto es descomunal.
