Por Jesús Susarrey
Hasta ahora las posturas en la
sociedad política se han correlacionado armónicamente y la propuesta y acciones
del Gobierno Estatal han sido aceptadas por consenso mayoritario. No hay manera
de oponerse responsablemente o de estar en desacuerdo con la obligación de que
la anterior administración rinda cuenta de sus actos y con las medidas
anunciadas para atender la exigencia ciudadana de un gobierno de calidad.
Su pertinencia no está a
discusión y sus adversarios en general parecen admitirlo. No es casualidad -
por convicción o por pragmatismo -pero se ha exhibido solides conceptual en las
propuestas y firmeza en la aplicación de principios éticos y jurídicos.
Argumentar en contra de la urgencia de un gobierno honesto y eficaz contradice
los principios básicos de la convivencia política civilizada y de la democracia
liberal.
Lo previsible es que
gradualmente el debate político suba de intensidad y que el tema relevante sea
la discusión de la efectividad de las políticas públicas y la pericia de sus
operadores. Sin embargo, a nadie debiera sorprender, la deliberación política y
el escrutinio de los procesos públicos son consustanciales a la democracia que
los promueve condicionándolos desde luego a que antepongan el interés
colectivo.
Lo cierto es que la crítica al
poder se multiplicará - habrá que celebrarlo si se ejerce responsablemente -
pero también las acostumbradas descalificaciones, las posturas simplistas y el
infaltable chantaje político que contaminan y desvían el debate de los temas
relevantes y que tienen a la política y sus instituciones postradas por el
descrédito.
El documentado hartazgo
ciudadano por los malos resultados de gobierno y la frivolidad que percibe,
debiera motivar a la sociedad política a reflexionar sobre la conveniencia de
robustecer los consensos actuales y tomar en serio las dinámicas que
vienen.
El compromiso de gobiernos de calidad. Responsabilidad compartida.
Es claro que la tarea y el
compromiso del nuevo gobierno es eliminar prácticas indebidas e ineficiencia
pública pero también lo es que la responsabilidad es compartida por todos los
poderes, los niveles de gobierno y por el conjunto de la sociedad política. Si
nos atenemos al diseño institucional, los desaseos y despropósitos anteriores
debieron ser frenados mediante los dispositivos de contrapeso y vigilancia
entre poderes.
Citemos por ejemplo
escandaloso endeudamiento público que se discute en la actual Legislatura y que
al igual que las inconsistencias en las cuentas gubernamentales, las anteriores
asambleas fueron incapaces de evitar. Después de la indolencia de ayer, hoy
algunos Diputados se van al otro extremo y con severidad rechazan la propuesta del
Ejecutivo sin exponer suficientemente sus razones y las alternativas para
resolver el desastre financiero que heredó.
La sensación es que actúan
como si el problema fuese de la Gobernadora y pretendieran que los platos rotos
los pague la ciudadanía. Determinar la conveniencia o inconveniencia técnica
corresponde a los expertos, pero es evidente la inconsistencia de la
deliberación, la ausencia de propuestas alternativas y la falta de perspectiva
sobre lo que parece ser más un plan de rescate que un presupuesto
anual.
Que decir de la opacidad
gubernamental que fue tolerada. La Ley de Transparencia vigente y otros
ordenamientos para la rendición de cuentas simplemente no fueron aplicados. Las
discrepancias en las cifras de la deuda manejadas por hoy las fracciones parlamentarias
son una muestra. El listado de la inutilidad de los contrapesos es enorme y la
urgencia restablecer su funcionalidad es indiscutible.
Cierto que las expectativas
generadas por la propuesta del gobierno actual son enormes pero no podían ser
menores. La exigencia ciudadana por gobiernos de calidad es innegociable y es
congruente con el ideal democrático. Avanzar en la instrumentación de las
medidas propuestas es insoslayable. Más que ignorancia, la incomprensión de la
urgencia denota añoranza por un pasado autoritario y de abusos del poder que ya
no puede ser restaurado.
