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El
Gobierno mexicano acogió este miércoles con extrema frialdad la decisión de la Suprema Corte de Justicia de abrir las puertas a la
legalización de la marihuana con fines recreativos y sin ánimo
de lucro. Atento a las encuestas, que aún muestran una opinión pública
mayoritariamente contraria a este paso, el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto
trató por todos los medios de minimizar el alcance del histórico fallo,
descartó emprender reformas legales y se limitó a ofrecer la apertura de un
debate nacional sobre la cuestión. “La resolución sólo atañe a las cuatro
personas que presentaron el litigio, por tanto, no modifica la política de
combate contra el crimen organizado ni la del comercio de estupefacientes”,
afirmó el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez.
Ante
la eventual cascada de imitadores que desatará este fallo, el Gobierno mexicano
se apresuró a construir un dique de contención. La resolución, a juicio de los
portavoces oficiales, ni sienta jurisprudencia (se necesitan cinco fallos
consistentes) ni obliga a cambiar ninguna ley, sino que sólo afecta a la
denegación para el autoconsumo que dio la Administración sanitaria a los
litigantes. “La sentencia sólo tiene efectos en las cuatro personas que
pidieron ampararo. La siembra, suministro y comercialización siguen siendo un
delito. La marihuana no ha sido legalizada”, remató el consejero jurídico del
Gobierno, Humberto Castillejos. En este escenario, la única ventana que dejó
abierta el Ejecutivo fue la necesidad de un abrir un debate pero enfocado a “la
mejor regulación para inhibir el consumo de drogas”.
Este
inmovilismo chocó sonoramente con los deseos expresados por los promotores del
litigio. En su día de gloria, los cuatro recurrentes –Juan Torres Landa,
Josefina Riaño, Pablo Girault y Armando Santacruz– pidieron en conferencia de
prensa que tanto el poder legislativo como el ejecutivo modifiquen la actual
normativa con el objetivo de proteger los derechos reconocidos en el fallo.
“Somos cuatro, pero representamos a 120 millones de mexicanos. Es hora de que
la prohibición desaparezca. No queremos debates, sino acciones. Hemos puesto el
primer clavo en su ataúd”, afirmó Landa.
El
grupo, formado por miembros de la organización México Unido contra la Delincuencia,
explicó que su amparo obedeció a una estrategia diseñada para forzar el debate
sobre la legalización de la marihuana. “No podíamos seguir caminando hacia el
precipicio. El gasto en seguridad aumentó un 800% en 10 años y el resultado
fueron 100.000 muertos y 20.000 desaparecidos. Todos somos padres de familia y
estábamos consternados”, señalaron.
Con
la victoria judicial se abre ahora un nuevo horizonte para este pequeño equipo
de abogados y empresarios. Primero, asesorar a todos aquellos que quieran
recorrer el mismo camino. “No queremos aumentar el consumo, sino fortalecer la
libertad de elección. Hoy día hacen más daño las políticas contra las drogas
que las drogas mismas”, afirmó Santacruz.
El
segundo paso, en el que ya están inmersos, es la búsqueda de una legislación que
recoja “en positivo” los postulados de la Suprema Corte. Para ello, estos
activistas necesitarán de las fuerzas parlamentarias. Un campo difícil para
este juego. Sólo el PRD, la gran fuerza de la izquierda, se ha declarado
partidario de la legalización.
El resto ha defendido la vía de la consulta (PRI
y Morena) o del debate (PAN). En cualquier caso, pocos creen que los partidos
vayan a quedarse de brazos cruzados. No sólo la onda expansiva de la decisión
judicial sino los avances legislativos en Estados Unidos y Canadá han
propiciado un cambio de clima en un territorio donde hace pocos años el debate
apenas existía. Ahora, las tornas han cambiado, especialmente con el uso
medicinal de la marihuana. Los sondeos muestran cómo ha ganado terreno en los
últimos meses hasta convertirse en una opción aceptada por la mayoría.
En
este viraje han actuado como un catalizador emocional las dolorosas imágenes de
la pequeña Grace Elizalde, estragada por el síndrome de Lennox-Gastaut.
Agotadas todas las salidas terapéuticas y tras una formidable campaña popular,
un juez decidió autorizar su tratamiento con marihuana. Un pequeño paso, que
parecía limitado al universo hospitalario, pero que supuso la caída de muchos
prejuicios y que ha abierto la puerta a iniciativas de mayor aliento, como la
del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que ha
propuesto la legalización del consumo terapéutico. Un camino al que muy pocos
ya se oponen en México.
