Por Jesús Susarrey
“La añeja práctica de ejercer
el poder sin asumir responsabilidades políticas ni jurídicas simulando
rendición de cuentas, generó una inercia que quizá impida a muchos advertir y
dimensionar que se trata de un nuevo contexto y nuevas reglas del juego que justifican
las medidas anunciadas y explican las reiteradas y duras advertencias”.
En la persistencia de la
Gobernadora en la honestidad, la transparencia y la eficiencia gubernamental
subyace al parecer la convicción sobre el necesario e impostergable rescate de
la credibilidad en las instituciones. Que insista en colocar esas obligaciones
en el centro de la escena pública debiera alentar a una escéptica ciudadanía y
preocupar a toda la sociedad política y a no pocos miembros de la sociedad
civil.
No se trata desde luego de
echar campanas al vuelo, habrá que esperar resultados pero tampoco pueden
subestimarse el contexto en el que se ha venido planteando el tema y la
contundencia y el sentido de urgencia que le imprime la Gobernadora. No es
exagerado afirmar que no atender la exigencia ciudadana de combatir los
desaseos y la irresponsabilidad en el ejercicio de los poderes públicos, puede
traer consecuencias no deseadas.
La añeja práctica de ejercer
el poder sin asumir responsabilidades políticas ni jurídicas simulando
rendición de cuentas cobijados en instituciones de “escenografía” - para usar
la misma analogía con la que calificó a la Contraloría Estatal – generó una
inercia que quizá impida a muchos advertir y dimensionar que se trata de un
nuevo contexto y nuevas reglas del juego que justifican sin duda las medidas anunciadas
y explican las reiteradas y duras advertencias.
Cierto que el repudio
ciudadano a la deshonestidad e impericia no es nada nuevo y que la sociedad
política ha logrado contenerlo mediante diversas artimañas, pero también lo es
que las circunstancias han cambiado y nada garantiza que su atención pueda
postergarse con mismo costo político asumido hasta ahora. Ignorar el
nuevo entorno dificulta comprender el sentido de urgencia y dimensionar los
riesgos.
El nuevo contexto y la intensidad de la exigencia ciudadana
El régimen tiene otra
fisonomía. Citemos por ejemplo al pluralismo político que produce alta
competencia electoral y alternancias partidistas que evidencian la intensidad
de exigencia ciudadana. La filosofía política acierta cuando afirma que
la pluralidad no elimina por si misma los despropósitos pero los exhibe. Una
vacilante pero útil oposición partidista, las redes sociales y la persistencia
de la prensa crítica, son hoy conductos para subir a la agenda pública la
demanda ciudadana por gobiernos de calidad.
Las recién estrenadas
candidaturas independientes desfogaron por la vía del voto el descontento de
quienes consideran que los partidos políticos han sido incapaces de formar
gobiernos honestos y eficaces. Un Gobernador, un legislador federal y un
legislador local sin partido en el debut de esta nueva figura, muestran el
tamaño de la expectativa que han generado.
Por diversos estudios, sabemos
del deficitario nivel de confianza y credibilidad ciudadana en las
instituciones y los actores políticos. Las expresiones de inconformidad y la
protesta pública crecen día a día. Cierto que en el Sonora de hoy el mapa
político registra escenarios menos adversos pero no está exento de ellos.
El sentimiento de irritación
por los ya conocidos abusos de poder y desaseos del gobierno anterior no cede y
debe ser atendido con resultados. Esa fue la propuesta de la Gobernadora y fue
también la apuesta de una mayoría ciudadana que depositó en ella una bien
ganada confianza. Su congruencia es motivo de celebración, esperemos que el
gabinete gubernamental tome con seriedad sus advertencias.
Si la ciencia política
establece que la legitimidad es la credencial ética para mandar, el déficit que
registran los gobiernos de todos los niveles debiera motivar a la reflexión
y estimular el apoyo al rescate de la credibilidad en las
instituciones.