Víctor Fuentes/ Reforma
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) invalidó hoy al menos 25 artículos de la Ley de Educación
de Sonora, reformada en abril de 2014 para supuestamente ajustarla a la reforma
educativa, pero llena de concesiones al SNTE y otros Sindicatos.
Por unanimidad, el Pleno de la
Corte anuló disposiciones con las que el Congreso de Sonora invadió
atribuciones federales e ignoró lo previsto en las leyes generales en materia
educativa, con la intención de mantener beneficios de los contratos colectivos de
trabajo, reglamentos de escalafón y otras normas previas a la reforma de 2013.
El jueves, la Corte invalidará
artículos adicionales, con lo que el total será de unos 50.
También se echó abajo un
"comité de transparencia" integrado por representantes del SNTE, que
"vigilaría" las evaluaciones a los maestros, así como un transitorio
que ordenaba "foros de análisis" con participación de cuatro
Sindicatos, para que autoridades locales expidieran las reglas en materia de
evaluación educativa.
"Se invade la esfera de
atribuciones del Congreso al permitir a las organizaciones sindicales que participen
en los procesos de evaluación", explicó el ministro Alberto Pérez
Dayán, "cuando según la Ley General de Servicio Profesional Docente, la
intervención de los Sindicatos se constriñe únicamente a tareas de
observación".
También destacó que las autoridades
estatales no pueden generar normas de evaluación, lo que toca al Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Otro punto anulado fueron las
fechas de entrada en vigor del nuevo sistema docente y las consecuencias de la
evaluación para quienes ya contaban con nombramiento definitivo y quiénes no,
pues la Ley General fijó el 12 de septiembre de 2013, pero la ley local las
extendió hasta el 4 de abril de 2014.
La facultad de la Secretaría
de Educación y Cultura estatal para fijar requisitos de las convocatorias para
concursos, y para otorgar reconocimientos a maestros y alumnos, también fueron
anuladas, pues están reservadas a la SEP federal.
La reforma de Sonora fue tan
claramente contraria a la Constitución y las leyes generales, que no hubo mayor
discusión entre los ministros, y el único pendiente es revisar a detalle toda
la ley para purgar los artículos que haga falta.
Con este caso, la Corte cerró
la revisión de seis leyes educativas estatales impugnadas por el Ejecutivo federal,
buena parte de las cuales fueron anuladas por regular temas que la Constitución
reserva al Congreso de la Unión.