David Martínez Huerta/ sinembargo.com.mx
Cuando era candidato a la
Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, decía un día sí y el
otro también que si llegaba a Los Pinos, sacaría de ahí a todas las “tepocatas,
alimañas y víboras prietas”. Esa era su particular forma de decir que se
encargaría de acabar con la corrupción de los gobiernos priistas. También tenía
una frase para referirse a los políticos que se habían enriquecido de manera
ilícita, los llamaba “peces gordos”.
Fox llegó a Los Pinos y su
sexenio se caracterizó por incumplir su promesa de llevar ante la justicia a
las “tepocatas”. “Vicente Fox prometió que los peces gordos estarían en la
cárcel y al final ni a charales llegamos”, recordó Marco Fernández,
profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador
de México Evalúa.
De Vicente Fox a Jaime
Rodríguez Calderón “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León, cada día es
más socorrido que un candidato a cualquier puesto de elección popular utilice
alguna consigna para advertir que castigará a los políticos corruptos de
administraciones pasadas, generalmente, de partidos políticos distintos al
suyo.
En su mensaje ante el Congreso
luego de rendir protesta como el primer Gobernador independiente de Nuevo León,
“El Bronco” arremetió contra su predecesor Rodrigo Medina de la Cruz: “Hoy
les digo claro y fuerte: se les acabó la fiesta a los bandidos. Que ni se hagan
ilusiones los manos largas: a partir de hoy, se acabaron los moches y las
transas”.
Medina de la Cruz dejó un
gobierno pintado por la corrupción y distintas acusaciones por enriquecimiento
ilícito, en el que habría participado su padre Humberto Medina, dueño de
por lo menos siete predios en el municipio de San Pedro Garza García con valor
de 300 millones de pesos.
“El discurso de la
transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción son muy
redituables porque hacen contacto con lo que indigna a la sociedad, entonces
resulta un discurso muy redituable para que lo usen como argumentos
electorales, pero de allí a llevarlo a la realidad hay un tramo muy largo”,
consideró Óscar Arredondo Pico, investigador de Fundar, Centro de Análisis
e Información.
Políticos de todos los niveles
de gobierno, de todos los colores partidistas, de todas las ideologías
partidistas, han utilizado en su discurso alguna alusión para castigar la
corrupción y el enriquecimiento ilícito del pasado.
Sin embargo, en la inmensa
mayoría de los casos ha reinado la impunidad, lo cual ha generado un
sentimiento de indignación entre la ciudadanía y finalmente de frustración
porque existen hombres intocables para la justicia mexicana.
Los ex Gobernadores de
Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrigton Ruvalcaba y Eugenio
Hernández Flores han sido señalados por su presunta colusión con el crimen
organizado, principalmente con el grupo delictivo “Los Zetas”, y por sumir a su
entidad en un clima de violencia e inseguridad.
El ex Gobernador de Coahuila, Humberto
Moreira Valdés, ha sido acusado de dejar a los coahuilenses una deuda cercana a
los 34 mil millones de pesos, sin rendir cuentas sobre el uso y destino de esos
recursos.
Fausto Vallejo Figueroa, ex
Gobernador de Michoacán, tuvo un polémico sexenio en donde sus colaboradores
políticos cercanos, e inclusive su hijoRodrigo Vallejo Mora, estuvieron
acusados de colusión con el crimen organizado y de brindar protección a Servando
Gómez Martínez “La Tuta”, líder de la “Familia Michoacana” y
posteriormente de “Los Caballeros Templarios”.
Tampoco son excepcionales los
ex Gobernadores acusados de enriquecimiento ilícito y sus familiares han
disfrutado sus fortunas en Estados Unidos y últimamente en sitios tan lejanos
como Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.
Basta recordar las fotos que
los propios familiares de algunos polémicos políticos suben a las redes
sociales, como es el caso de Graciela Reynoso López, hija del ex Gobernador
de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, ya que ella misma ha subido
a Facebook o Instagram fotos de sus viajes a la zona turística de Dubai, donde
la familia del ex mandatario posee un departamento.
¿Se puede castigar a los Gobernadores corruptos?
En su primer discurso como
Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, el ex priista que acabó con
83 años de gobiernos del tricolor, fue contundente, advirtió a quienes se
dedicaron a robar a la población que “no les espera el disfrute de rentas, sino
la cárcel”. El mensaje estaba dedicado a su predecesor Andrés Granier Melo,
acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos federales.
Granier Melo fue detenido y
permanece preso en el penal de Tepepan desde mediados de 2013. Aunque
recientemente fue exonerado de delitos de orden federal, no ha salido libre pues
se mantienen las acusaciones del orden del fuero común.
Actualmente continúan en libertad varios ex gobernadores de Tamaulipas, Morelos, Coahuila, Michoacán y otros estados, acusados de colusión con el crimen organizado, desvíos millonarios de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
Lo políticamente correcto
Especialistas consultados por SinEmbargo explicaron
que son múltiples los factores que permiten que prevalezca la impunidad. El
primero de ellos y el más evidente es la falta de voluntad política.
“La tendencia es ‘yo no te
piso los callos y tú me dejas gobernar tranquilo’”, afirmó Héctor Tejera
Gaona, profesor investigador de la División de Ciencias Políticas de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Para el doctor en antropología
social, las campañas electorales son en esencia “estrategias para ganar votos”,
pero una vez que terminan, los ganadores deben luchar contra el reacomodo de
los grupos políticos, poderes fácticos e incluso disputas por el control
político entre grupos del crimen organizado.
El problema tiene que ver con
la fortaleza de los grupos políticos que dejan el poder y la debilidad de los
nuevos.
En ocasiones, los gobernadores
salientes tienen grupos políticos muy fuertes que pueden poner en riesgo la
estabilidad del nuevo gobierno.
“Lo que sucede, muchas veces,
es que el Gobernador entra en una situación de debilidad porque el Gobernador
anterior, que gobernó seis años, tiene redes e influencias. Puede hacer que los
próximos cinco meses [el nuevo Gobernador] se la pase negociando con
manifestantes que le van a cerrar las calles”, explicó Tejera Gaona,
investigador de la UAM Unidad Iztapalapa.
Subrayó que es difícil que los
nuevos Gobernadores actúen contra los grupos contrarios porque desatarían las
venganzas políticas.
Sin embargo, a veces es
imposible no actuar contra los predecesores porque dejan enormes faltantes de
recursos públicos en las arcas de la administración pública, que no les queda
otra.
Pero hasta en estos casos es
difícil que se actúe en contra de “peces gordos”, pues sólo funcionarios de
menor rango son quienes llegan a pisar la cárcel por los delitos de políticos
de mayor envergadura.
“Así que usualmente, a la
larga sí pueden agarrar a alguien que sea vergonzoso, pero en general no se
mueve demasiado el agua”, detalló el académico.
Debilidad institucional, más que falta de voluntad
En muchas ocasiones, la
impunidad no es fruto solo de la falta de voluntad política del candidato
convertido en Gobernador, sino de su desconocimiento del andamiaje
institucional y de las propias fallas de los mecanismos para combatir una
corrupción enquistada en las estructuras administrativas.
“No es solamente asunto de
falta de voluntad política, en algunos casos puede que esta sea la razón, pero
en otros se trata de una debilidad de las instituciones que los nuevos
gobernadores heredan y que son incapaces para poder corregir y aplicar el
Estado de Derecho en sus demarcaciones”, explicó Marco Fernández, profesor
de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Después del escándalo
mediático de las denuncias públicas ya sea en campaña electoral o recién
iniciado un gobierno, se avanza muy poco en la verdadera aplicación del Estado
de Derecho y esto refleja el problema institucional que tiene el país en su
conjunto.
“Mientras no se rompan estos
círculos perversos de debilidad institucional y por lo tanto incapacidad para
la aplicación de la ley, continuará la impunidad; y por lo tanto, nuevos
incentivos para violarla”, afirmó el investigador de México Evalúa.
Detalló que si a los
mecanismos de transparencia no se les acompaña de capacidad técnica de
investigación de las instituciones, pues difícilmente se van a documentar
correctamente los casos de corrupción, por lo tanto, cuando se presenten a los
jueces, los casos se caerán por sí mismos.
Así que sin capacidad de
formar fortaleza institucional junto con capacidad de investigación fiscal,
financiera y penal, los gobernantes corren el peligro de caer en el descredito
por lanzar solo “discursos de bravuconería” sin castigar a los verdaderos
responsables de los quebrantos de las finanzas públicas.
“Ese es el peligro de muchos
candidatos que buscan hacer promesas simplistas en esta materia, que para poder
avanzar en esta lucha frontal sí es fundamental hacer dos cosas: por un lado
adecuar muchas de las leyes que tiene resquicios por los cuales se cuelan
problemas impunidad”, explicó Marco Fernández.
Para Óscar Arredondo,
investigador de Fundar, la corrupción está tan enquistada en la administración
pública de los tres niveles de gobierno que trasciende a los grupos que entran
o salen de un periodo a otro.
“Es muy grave, es como si al
llegar al poder tuvieras una garantía de impunidad absoluta gracias al propio
fuero. Desde el principio, las leyes ni siquiera te sujetan a ningún principio
de investigación, sabes que estás absuelto sobre todo si eres el titular del
Ejecutivo y de su grupo de poder”, detalló el investigador de Fundar.
Esto, sumado a que muchas
veces hay también un acuerdo tácito de impunidad porque entre una
administración y otra también se heredan estos andamiajes de corrupción.
Se embarran de lodo
En otros casos, los
gobernantes que en campaña expresaron su deseo de combatir la corrupción,
terminaron inmersos en el lodo que prometieron limpiar.
En campaña, el ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa dijo que su gobierno sería uno de “manos limpias,” es
decir, honrado, honesto, transparente y alejado de corruptelas, sin embargo,
durante su sexenio encumbró a personajes como la ex lideresa magisterial Elba
Esther Gordillo.
En otro caso, el ex gobernador
de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías llegó al poder con una
amplia aceptación social por su proyecto denominado “Nuevo Sonora” que incluía,
además del combate a la corrupción, llegar al fondo en el incendio que cobró la
vida de 49 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009.
Padrés Elías no hizo la una ni la otra, incluso tiene tras de sí varias sospechas de enriquecimiento ilícito, ejemplificadas en la construcción de una presa en el rancho “Pozo Nuevo”, propiedad de su familia.
Seis años después la nueva
Gobernadora, la priista Claudia Pavlovich Arellano, afirmaba que Sonora
“no volverá a ser tierra fértil para quienes abusaron de la confianza de los
sonorenses y en lugar de servir se sirvieron con la cuchara grande”.
El investigador Óscar
Arredondo explicó que en otros casos no existe la posibilidad de coordinar
acciones entre el órgano de fiscalización de la Federación y los órganos de
fiscalización estatales y con esto se evita que las investigaciones lleguen más
lejos.
Otras veces sucede que cuando
llega al poder una persona que en su campaña electoral tenía el discurso la
rendición de cuentas y el combate a la corrupción, pero cuando llega a la Casa
de Gobierno empieza a conocer la verdadera dimensión de los grupos de poder o
se da cuenta cómo las organizaciones criminales se han infiltrado en los
órganos de gobierno.
Para el investigador Marco
Fernández, el verdadero peligro de la impunidad radica en que cuando los
políticos no cumplen sus promesas de castigo para los corruptos, se generan
niveles de frustración y de desilusión muy altos.
“Es como un bumerán que se
regresa contra el que prometió el estado de derecho y cuando eso ocurre en el
imaginario del público inevitablemente tiene explicaciones de falta de voluntad
política o incluso de complicidad”, detalló.
El especialista mencionó
muchos de los problemas que hay en la impunidad no es por complicidad, es por
falta de capacidad institucional. “La impunidad se mantendrá mientras las
autoridades de investigación no tengan la capacidad de documentar adecuadamente
los hechos”.