Por Jesús Susarrey
La presión
ciudadana y de distintos grupos para que sus temas y demandas sean incluidos
prioritariamente en los proyectos de gobierno, hace más compleja la ya difícil
tarea de definir y jerarquizar contenidos. La dinámica es normal en una
democracia, lo relevante es que el procesamiento de esas fuerzas definirá la
orientación ideológica de los poderes a nivel estatal y municipal y la dinámica
social sonorense en los próximos años.
La idea
liberal de anteponer el interés mayoritario y la imposición de las élites
La filosofía
política afirma que las ideologías establecen “lo que hay que hacer desde el
poder y para quien”, en tanto que el “cómo y el cuánto” lo define el esquema
programático. Si aceptamos esa aseveración, toda acción gubernamental favorece
a determinados grupos sociales y responde a diversos intereses. La idea liberal
supone que el interés general es antepuesto y es la fuente de legitimidad que
genera consensos mayoritarios en el ejercicio del poder público.
En cambio, la
capacidad de influencia de las élites para imponer sus intereses es enorme y
directa, no es necesario describir su poderío, Encumbrados en la escala
social disponen de una intrincada red de relaciones y componendas,
mientras el ciudadano común se limita a expresar sus reclamos durante las
campañas políticas y esporádicamente en la prensa y redes sociales.
Cierto que el voto
de castigo se ha traducido en alternancias partidistas, pero no en los
resultados de gobierno esperados. La persuasiva retórica que por conveniencia,
más que convicción, se repite cada inicio de administración es ya un cuento
viejo. “Gobierno para todos”, “gobierno ciudadano”, incluyente, sensible,
“bienestar para las familias”, sólo generalidades, hay de todo, menos una
exposición honesta de los proyectos que realmente intentan privilegiar.
Más que el interés mayoritario, se incluyen temas de alta rentabilidad política
trianual o sexenal que buscan legitimación y posicionamiento de imagen.
Gobiernos
rebasados. El reto de conjugar finanzas sanas y eficacia política
Después del
colapso del Estado benefactor que repartía beneficios a cambio de lealtades y
alimentaba a una vigorosa estructura corporativista y asistencialista, los
gobiernos de hoy lucen rebasados por las demandas y el margen de maniobra para
atender los reclamos se redujo. Su vulnerabilidad se potenció con la opción de
la alternancia partidista que llegó para quedarse y con 30 años de una economía
con tasas de crecimiento deficientes que suma exigencias sociales. El reto es
ahora conjugar presupuestos públicos responsables y eficacia política para
atender algunos rezagos, elegir la estrategia correcta y mantener la
gobernabilidad.
Es este el
contexto en el que la Gobernadora y los alcaldes electos en Sonora deberán
procesar las presiones. Los focos rojos suponemos que están identificados por
sus equipos de transición y calculados los costos políticos. La sociedad no es
un bloque monolítico sino una diversidad de intereses y proyectos distintos y
los gobiernos de hoy no tienen la capacidad para responder a las exigencias de
todos. Creer en un programa incuestionable, en una sola idea correcta, tiene
algo de ingenuidad y de voluntarismo.
El carácter
efímero de la legitimidad como consenso mayoritario en el ejercicio del poder
no sólo se explica por los abusos e impericia, también por los yerros en
la definición de los contenidos y la ruta del programa de gobierno. Es el
resultado de anteponer otro tipo de intereses al interés general o del
irresponsable recurso demagógico de la promesa sin sustento para lograr la
aceptación general.
La
necesidad de la precisión política y programática
Los gobiernos
electos deberán sopesar alternativas y priorizar entre diversos intereses y
exigencias. No hay manera de no elegir para quién gobernarán y qué tipo de
proyectos e inversiones privilegiaran. Un buen principio es por ejemplo el
anuncio de la gobernadora electa Claudia Pavlovich que pondrá
énfasis en el combate a la pobreza extrema -particularmente en Etchojoa- y en
la participación ciudadana. No se discute por ahora su pertinencia, fue además
sólo un adelanto informal de su proyecto, pero muestra precisión y el abandono
de las generalidades acostumbradas.
Damos por sentado
que se han contrastado ya los proyectos de gobiernos anteriores con sus resultados.
Se trata de referentes elementales pero siempre útiles. No hay tema que escape
en los planes oficiales, ni interés que no hayan prometido tutelar. Sin
embargo, una y otra vez, la realidad se ha impuesto y los resultados distan del
futuro promisorio que plantearon alcanzar.
Si bien ha habido
aciertos, la expectativa generada por el voluntarismo que cree que puede
sobreponerse a la realidad los ha opacado. Citemos los riesgos de la
dependencia estatal y municipal de los presupuestos y decisiones federales en
donde eventos inesperados no han sido calculados; o las contradicciones del
libre mercado que tiene tienen hoy día postrada a la economía sonorense con su
carga de desigualdad y disminución de los niveles de bienestar general.
Privilegiar y
priorizar los intereses irreductiblemente colectivos y comunes garantiza que la
agenda gubernamental beneficie a la mayoría. El reclamo por la deliberación
pública de la agenda y la transparencia en el manejo de los recursos están
entre ellos.
La apuesta a la
preeminencia de intereses particulares y de grupos conlleva el riesgo no sólo
de la pérdida temprana de la legitimidad, sino de intensificar una
descomposición política y social ya en marcha. Esa es la pulsión que se opone y
el tamaño de la irresponsabilidad de algunos gobiernos actuales.
