Por Jesús Susarrey
No hay tema que no esté
contemplado en las dos últimas versiones del plan estatal de desarrollo ni
valor democrático o fundamento económico y social ausente. Cultura de la
legalidad, Estado de Derecho, cohesión social, distribución del ingreso,
desarrollo regional, empleo de calidad, pluralismo, municipalismo. La
retórica es persuasiva y completa, pero a juzgar por los resultados no del todo
exitosa.
No nos referimos a los
aciertos y desatinos técnicos de los proyectos de gobierno, sino a la
persistencia en el incumplimiento de un valor esencial de la democracia
liberal: el respeto a las instituciones como estructuras y mecanismos de orden
social, principalmente a la desconsideración con las instituciones políticas
que regulan la esfera pública y órganos de gobierno como componentes del
Estado.
Es paradójico que siendo
gobiernos emanados del PRI y PAN - herederos de una arraigada tradición
liberal- las normas jurídicas y morales sean sustituidas por un sentido
patrimonialista del poder que no acepta limitaciones constitucionales y
las decisiones se tomen al margen de las instituciones cuando se encuentra
oposición a ellas. El reino de los caprichos en lugar del gobierno
constitucional con división de poderes; rendición de cuentas y el
compromiso con el bienestar general.
En los últimos 12 años, el
respeto y la coordinación del Ejecutivo con los poderes Legislativo y
Judicial, ha quedado en el papel. El Congreso estatal y el Supremo
Tribunal de Justicia no sólo han sido nulificados como contrapoderes, la
injerencia del poder Ejecutivo ha sido evidente y son cada vez menos
independientes. De poco sirvió por ejemplo la facultad de control y vigilancia
del Legislativo para impedir el enorme incremento de la deuda pública de 4000
mil millones en 2003 a 20,000 en 2015 que fue avalada por los diputados. Que
decir de la ineficacia de los dispositivos para la rendición de cuentas a cargo
de las Legislaturas para evitar los escandalosos señalamientos de deshonestidad
del gobierno estatal y la repetición de la escena cada tres años en el nivel
municipal.
La fachada municipalista y la participación ciudadana simulada
La pregonada política
municipalista se ha desdibujado con la precaria situación financiera de los
ayuntamientos y el retraso o incumplimiento en la entrega de participaciones
fiscales. Lejos ha quedado de cumplir con el propósito de fortalecer su
capacidad de respuesta a los problemas locales. La presumida participación
ciudadana no pasa de involucrar a ciudadanos en algunos consejos consultivos
que se reúnen esporádicamente y sobre los que no pasan las decisiones
relevantes. Nada de participación incluyente, nula deliberación sobre los
asuntos de interés general y poca injerencia ciudadana en el diseño, la
instrumentación y la evaluación de las políticas públicas.
Se han integrado consejos
ciudadanos prácticamente para todas las áreas, lo mismo para seguridad pública,
salud, adicciones, que para los sistemas de agua, educación y planeación
urbana, pero de trata de una participación simbólica, ficticia en ocasiones.
Una fachada que legitima en el discurso las decisiones gubernamentales y
permite en algunas ocasiones las mejora administrativa y procesual pero nada
que ver con un saludable ejercicio democrático-participativo en el que la
ciudadanía interviene efectivamente en las decisiones y vigila el cumplimiento
de la política pública. No es que Sonora no cuente con instituciones
formalmente participativas, de nuevo, es la falta de respeto hacia ellas.
El diálogo improductivo y la falta de consensos
El dialogo del Gobernador en
turno con las fuerzas políticas ha sido limitado y estructurado “a modo”
para evitar el engorroso trámite de respetar el derecho a disentir
o de soportar las incómodas posturas de la oposición al gobierno. No ha
construido los necesarios consensos que legitiman el ejercicio del poder y
robustecen la gobernabilidad democrática como se hace gala en el discurso. El
intento por restablecer la tenencia vehicular y el acueducto independencia son
una muestra.
Ni el “Plan Sonora Proyecta”
impulsado por el gobernador Eduardo Bours, ni el “Sonora Sí” del
gobernador Guillermo Padrés pueden presumir apoyo mayoritario. El
tema no es su conveniencia y viabilidad, es la sensación de que quizá no se
entendió o no se quiso entender la naturaleza de la política. El “arte de la
negociación (convencer, pactar, ceder, equilibrar), el sentido del tiempo y de
los tiempos”, todo aquello inherente al quehacer político como lo expresa
con su elocuencia el historiador Enrique Krauze.
Lo cierto es que el “nuevo
modelo de gobierno” del gobernador Guillermo Padrés, lo mismo que la “nueva
forma de hacer política” de su antecesor, paradójicamente no generaron el ánimo
suficiente para que los sonorenses refrendaran con su voto la permanencia de
sus respectivos partidos en la gubernatura.
Gobierno constitucional o voluntarismo político
Es un contrasentido que
mientras democracia liberal impulsa la construcción de conductos
institucionales que permiten conciliar el interés general con el interés
particular, un marco constitucional que garantiza las libertades políticas y
somete al imperio de la ley a los poderes públicos, en Sonora la percepción es
que algunas de las decisiones de los gobiernos estatal y municipales no son
consensuadas a través de las instituciones y obedecen a más un voluntarismo
político que las ignora.
Mucho más que un adecuado
ejercicio de planeación estratégica habrá de realizar la gobernadora electa Claudia
Pavlovich y sus colaboradores para integrar un proyecto de gobierno
centrado en las instituciones de nuestra democracia. El diálogo que sostuvo
recientemente con la fracción priista de la actual legislatura es un acierto y
es motivo de celebración que el enfoque en un gobierno honesto y eficaz como
concepto rector de su campaña impacta por si mismo en la dinámica
patrimonialista con que se ejerce el poder en el Sonora de hoy.
