I. Una Ley General Electoral para
la equidad en la contienda política e imparcialidad de las autoridades
electorales que:
· Defina
un Sistema Nacional Electoral en el que colaboren el Instituto
Nacional Electoral y los órganos electorales locales.
· Desarrolle
el sistema de fiscalización oportuna, que verifique en tiempo real los
ingresos y gastos de los partidos y candidatos, como elemento sustancial para
la validez de las elecciones.
· Simplifique
la conformación de coaliciones uniformes y candidaturas comunes, y evite
los mecanismos que favorezca la sub y sobre representación, para garantizar la
pluralidad política.
· Establezca
los debates públicos como forma fundamental de las campañas políticas;
prohíba la entrega de dádivas y la propaganda encubierta en cualquier
medio, y regule las encuestas para que el INE certifique que cumplen con
criterios científicos y no tendenciosos.
· Garantice
la armoniosa convivencia del sistema de partidos políticos con las candidaturas
independientes, en aspectos como el financiamiento público y el acceso a
tiempos en radio y televisión.
· Defina
como criterio de la distritación el principio de igualdad del voto y
agilice y facilite el voto de mexicanos en el extranjero.
· Establezca
la obligación de solicitar licencia noventa días antes de la jornada electoral
a los legisladores o alcaldes que busquen reelegirse.
· Dé
eficacia al derecho ciudadano de asociación libre y personal para la
participación en todos los asuntos políticos del país y no sólo en los
electorales.
· Democratice
y transparente la vida de los partidos políticos con mecanismos de
participación efectiva de los afiliados en las decisiones y con la renovación
periódica de sus órganos de dirección.
· Respete
y promueva los principios de paridad y alternancia entre los géneros e
inclusión social.
· Salvaguarde
los derechos de los militantes, garantizando el acceso a órganos de justicia
pronta y expedita para la resolución de controversias internas.
· Refuerce
el carácter de sujetos obligados directos de los partidos en materia de
transparencia.
· Limite
el financiamiento privado para impedir que el dinero defina las elecciones.
III. Una Ley General de
Propaganda Gubernamental que garantice la austeridad, equidad y el
carácter institucional de la publicidad que emita todo órgano público, federal
o local, y sanciona la extendida práctica de la promoción personalizada de los
servidores públicos, estableciendo: un tope al presupuesto para
publicidad del 0.05% del gasto corriente de cada órgano; mecanismos para
erradicar la censura indirecta; la prohibición de toda forma de propaganda
encubierta, y la creación de un Consejo Ciudadano de Supervisión de
la Propaganda Gubernamental, en el órgano anticorrupción del Estado Mexicano.
IV. Reformas para un acceso pleno
a la impartición y procuración de justicia electoral, imparcial y
eficiente, que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de
elecciones auténticas, libres y periódicas, sin cuya vigencia no puede
declararse válida una elección. Proponemos la creación de un departamento
de lo contencioso en el INE y establecer plazos rígidos de investigación,
medidas cautelares claras y eficaces, procedimientos eficientes y transparentes
de investigación oportuna y audiencias públicas.
En materia de nulidades
electorales, deben ser causales definitivas el rebase de topes de gastos de
campaña, la adquisición encubierta de cualquier modalidad de propaganda, el
financiamiento ilícito de cualquier naturaleza y el uso de programas sociales
con fines electorales, así como la intervención de gobiernos de cualquier nivel
en la elección, el apoyo de sindicatos u organizaciones gremiales a partidos o
candidatos, y el apoyo de las estructuras partidarias a candidaturas
independientes. Por último, proponemos que se organice la Fiscalía
Especializada en Materia de Delitos Electorales, bajo un esquema de
independencia técnica y de gestión.
