Alán Aviña V.
En 2009, la violencia del
crimen organizado llegó a la escena electoral de México casi para quedarse. El
lunes 28 de junio de ese año, Rodolfo Torre Cantú, candidato priista al
gobierno de Tamaulipas junto con una comitiva de 8 colaboradores se dirigía al
aeropuerto de Pedro José Méndez a bordo de dos vehículos. De repente, una camioneta les alcanza para
cerrarles el paso, el candidato ordenó parar el vehículo, e incluso bajó del
mismo para intentar dialogar con quien les cerraba el paso. Pero no le dio
tiempo. Otros vehículos con hombres
armados se sumaron a la emboscada ultimando a Torre Cantú y a Enrique
Blackmore, en ese tiempo diputado local.
Los escoltas intentaron repeler la agresión, pero el daño estaba hecho.
De los 8 acompañantes 5
murieron, entre ellos el ex priista que intentaba gobernar Tamaulipas, el
estado donde “Los Zetas” han asentado su imperio criminal desde su ruptura
definitiva de “El Cartel del Golfo” en enero de 2010.
A cuatro años del
asesinato de Torres Cantú, la violencia electoral es cada vez más frecuente.
Para Juan Poom Medina, Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Ciencia
Política por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), el asesinato de candidatos y miembros de
campañas políticas marca el nuevo rumbo de la violencia electoral.
Este año sin embargo, la
violencia en campañas fue mayor que en aquel 2009. Para el diputado del
Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal Ávila la experiencia de las elecciones del
7 de julio tiene un solo nombre y no es “democracia”; se llama involución
política.
El saldo del 7 de julio
El pasado domingo 7 de
julio se realizaron elecciones en 14 estados de la República Mexicana. En este proceso estaban en juego 931
alcaldías, 441 curules para congresos locales y una gubernatura. El saldo
después de ese domingo fue de 11 muertos. Dos precandidatos, dos candidatos,
dos familiares de un candidato, el familiar de un coordinador de campaña, un
dirigente estatal del PRD, un dirigente municipal del PRI, un coordinador de
campaña y un joven que grabó la entrega de despensas. Según la revista Proceso,
en Durango, Chihuahua, Oaxaca, Puebla y Sinaloa hubo muertes perpetradas
presuntamente por el crimen organizado, mientras que en Tamaulipas y Veracruz
hubo secuestros de militantes.
A unos días de la
elección, el 1 de julio fue encontrado José Ricardo Reyes Zamudio candidato del
Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Dimas, en Durango. El cadáver del ex
candidato tenía disparos en varias partes del cuerpo.
Antes, el 12 de junio fue localizado en una brecha
que conduce al poblado de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el cuerpo del candidato del PRI a la alcaldía
Jaime Orozco Madrigal. El ex candidato fue secuestrado por 10 hombres el 11 de
junio, y aunque según versión de familiares se pagó por el rescate, los
raptores le privaron de la vida. No había antecedentes sobre alguna relación del
fallecido candidato y la delincuencia organizada, sin embargo, Guadalupe y
Calvo se ha convertido en uno de los municipios más conflictivos de Chihuahua.
El municipio se ubica en la sierra Tarahumara, donde se le conoce como
Triángulo Dorado, la región más fértil para el cultivo de enervantes en el
país. Según informa Proceso, este y otros poblados las pasadas elecciones del año pasado no
pudieron votar porque el inmueble habilitado como casilla fue tomado por un grupo
delictivo.
En Sinaloa, Eleazar
Armenta, candidato suplente a regidor
del PRD, PT y PAN en el municipio de Sinaloa de Leyva fue encontrado el 24 de
junio asesinado a balazos en la Comunidad de El Gatal. En el mismo estado, el
hijo de uno de los coordinadores de la campaña de Amado Loaiza Perales,
candidato que compitió por la alcaldía de San Ignacio por la coalición
Transformemos Sinaloa fue encontrado muerto.
Mientras tanto en
Veracruz, a mediados de junio fue hallado el cadáver de Isaac López, candidato
a la alcaldía de Martínez de la Torre por el Partido Cardenista. En Boca del
Río, Carlos Alberto Valenzuela quien buscaba una regiduría en ese municipio fue
secuestrado y liberado en junio.
No sólo candidatos fueron
los que sufrieron la violencia. Nicolás Estrada Merino, líder regional del
PRD en Oaxaca fue muerto, mientras
Rosalinda Palma en el mismo estado fue atacada por un grupo armado, pero
sobrevivió. Sin embargo su esposo y un asistente murieron.
Algunos candidatos ante
esta amenaza prefirieron declinar su participación en los comicios, como los
panistas que competían a las alcaldías de Maguarichi y de Gómez Palacio, en
Durango.
El martes 1 de julio el
Instituto Federal Electoral (IFE) condenó "los lamentables hechos de
violencia ocurridos en algunas entidades en el marco de procesos electorales
contra candidatos a cargos de elección popular y militantes de partidos”, dijo
su presidente, Leonardo Valdés.
Durante la elección, el
mismo 7 de julio la violencia no amainó.
En Mecapayan, municipio del estado de Veracruz, Feliciano Castillo joven de 18 años fue asesinado a puñaladas la
noche antes de la elección por grabar la entrega de despensas que realizaban
militantes del PRI.
En Coahuila, Chihuahua y
Oaxaca también se presentaron episodios de violencia. En varios municipios de
La Laguna en las cercanías de casillas electorales se escucharon detonaciones
de armas de fuego, reportaron autoridades electorales y judiciales. El Partido Primero Coahuila denunció la
intimidación de hombres armados a votantes en municipios de San Pedro de las
Colonias, Matamoros y Viezca.
En el estado de
Chihuahua, por lo menos 8 hombres armados golpearon a un abogado de Acción
Nacional. Mientras en Quintana Roo, el presidente del comité municipal del PRD,
Salvador Diego Alarcón denunció que 5 de los militantes de su partido fueron
desaparecidos. Entre tanto, en Oaxaca la diputada del PT Hita Beatriz Ortiz
Silva recibió agresiones y le dejaron un mensaje que advierte: “Perra no te
metas con nosotros Z”.
La violencia de estas
elecciones es una manifestación de la cada vez mayor agresividad que muestran
las organizaciones criminales contra los actores políticos, especialmente
alcaldes, policías y funcionarios públicos a nivel municipal.
Aunque la violencia va ligeramente en declive,
aquella perpetrada contra políticos va en aumento. Tan sólo en lo que va del
año, Eduardo Guerrero reporta en su artículo “El saldo rojo de las elecciones”
que los medios han reportado un total de 22 incidentes de violencia política de
alto impacto, con lo que -en poco más de seis meses- se rompió el récord de 19
incidentes que se registraron a lo largo de 2010.
Esta violencia sugiere,
según el politólogo, una transformación en la relación entre criminales y
autoridades locales. Hoy más que nunca en la historia de México, ser presidente
municipal es motivo de riesgo y la violencia en elecciones es apenas la primera
manifestación del reto que implica ser alcalde.
Poderes locales en la
mira
El peligro de ser alcalde
es latente. Sólo en el anterior sexenio, 31 presidentes municipales fueron
asesinados. Más de 80 funcionarios locales también se agregan a esta lista.
La violencia contra
alcaldes ha ido en aumento. De esos alcaldes asesinados, dos murieron en 2006,
3 en 2008, 5 en 2009, 15 en 2010 y 6 en 2011.
El último asesinato
contra alcaldes que se presentó en México fue apenas en junio de este año.
Celestino Vázquez Luis, presidente municipal de San Miguel Tilquiapan, en
Oaxaca, fue asesinado el martes 4 de junio en una de las calles principales de
esa localidad por hombres armados con fusiles AK-47. Vázquez Luis, tenía antecedentes de
violencia, fue acusado como autor intelectual de una emboscada a sus opositores el año pasado. En 2011, él
acusó a su tesorero de la muerte del chofer del ayuntamiento quien murió por
las heridas perpetradas por un arma de fuego
Quien más ha sufrido por las balas de la
delincuencia organizada, es el PRI, con
17 presidentes municipales en el sexenio anterior de esa extracción asesinados.
Le sigue el PAN con 6, el PRD con 4 y 6 son de otros partidos y elegidos por
usos y costumbres.
Durango es el estado con
más munícipes caídos con 5 en los
municipios de San Bernardo, Mezquital, Ocampo, Otáez y Topia; seguido de Michoacán con 4, Chihuahua y Guerrero con
tres. Estos estados están entre los que registran más violencia relacionada con
el crimen organizado.
En Colombia, de 2000 a 2011 se han
registrado 56 muertes de alcaldes, en México de 2004 a 2012 han sido 34.
Este tipo de violencia era poco frecuente en el país.
Viridiana Ríos Candidata
a doctora en gobierno por la Universidad de Harvard y miembro del Programa de
Iniquidad y Justicia Criminal de Harvard Kennedy School, afirma en su texto ´El
asesinato de periodistas y alcaldes en México y su relación con el crimen
organizado´ “que si algo identifica de manera común a todos los lugares en los
cuales se ha presentado el homicidio de alcaldes es la presencia de
organizaciones criminales en rivalidad”.
Para el politólogo Juan
Poom Medina el crimen organizado ya juega un papel importante en la política
local.
¿Cree usted que el crimen
organizado está reorganizado la forma en que se estructuraba el poder local y
estatal actualmente?
Quizá no en todos los
gobierno locales, pero me parece que la violencia generada por el crimen
organizado tiene un efecto directo en la forma en que se estructuraba
tradicionalmente la gestión pública local. Sin duda, algunos municipios sufren
un cambio de rutinas de gestión que deben analizarse, afirma el académico.
La competencia de los
grupos delictivos ha propiciado la competencia cada más feroz por el control de
las autoridades municipales. Como sugiere Eduardo Guerrero en su texto “El saldo rojo de las
elecciones”, los criminales necesitan establecer una relación más estrecha con
las autoridades municipales, e intervienen para favorecer al grupo político que
está de su lado o al que piensan que pueden comprar o intimidar más fácilmente,
o por lo menos para evitar que gane el grupo que creen que apoya a su rivales.
Sin embargo, los alcaldes
son colocados entre la espada y la pared. Apoyar a un grupo o apoyar a otro. En
ese proceso, la democracia sufre.
Para Viridiana Ríos, “la
violencia de alto perfil contra alcaldes limita la consolidación democrática
del Estado mexicano”. Afirma “que esto reduce los incentivos a la participación
política y promueve la pasividad ante la actividad criminal. Además limita en
el corto plazo la capacidad del Estado por aplicar la justicia”.
Pero desprotegidos o
inclusive traicionados por sus mismos policías municipales como sucedió con
Edelmiro Cavazos asesinado por su propio cuerpo de policías quienes estaban
aliados a Los Zetas, los presidentes municipales y la democracia están en la mira del crimen,
y son presa fácil.
El reto de la consolidación
democrática en México, ahora incluye la pacificación del país y la garantía de
la seguridad contra quienes buscan puestos de elección.
¿Cuál es el panorama
democrático del país, después de los escenarios de violencia que se dan por la
intromisión del crimen organizado en las elecciones?
El panorama no es
favorable en el corto plazo. Hace doce años se estaba buscando consolidar un
proceso de transición democrática y ahora habría que consolidar la estabilidad
social del país. Los retos ya no solo son en buscar una
democracia de calidad, los retos son ofrecer seguridad a los ciudadanos,
garantizar que lo que hacían antes: paseos, viajes, disfrutar la vida nocturna,
vuelva a convertirse en algo ordinario.
Una buena democracia es
cuando sus ciudadanos se encuentran satisfechos de las reglas sociales,
políticas, económicas, y al parecer, a México le hace falta mucho camino por
delante, finaliza Poom Medina.
