El
partido de Enrique Peña Nieto quiere convencer de un discurso modernizador
Al
Gobierno se le multiplican las protestas y el panorama del sur tiene visos de
ingobernabilidad
Por Raquel Seco
El
retorno del PRI a la presidencia de la República el pasado julio, después de 12
años de cuarentena, no le ha sentado del todo bien a México. A la par de la
llegada del discurso modernizador de un partido que quiere convencer de que se
ha renovado, han resurgido viejos adversarios que resisten ruidosamente al
nuevo poder. Antes que amainar, las violentas protestas que le dieron la bienvenida a
Enrique Peña Nieto el primer día de Gobierno se han multiplicado en varios
Estados en estos cinco meses, configurando un mapa que hoy tiene en el sur del
país un panorama con visos de ingobernabilidad.
A
este PRI-Gobierno de cara lavada se le ha ido enredando la gestión conforme
avanza 2013. Las complicaciones más recientes, y más espectaculares, están en
varios estados del Pacífico. Las últimas cuatro semanas, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación de Guerrero (CETEG) han llevado a cabo
constantes bloqueos de carretera, huelgas y movilizaciones en protesta por la reforma educativa del Gobierno federal. Las
protestas han incluido destrucción y vandalismo, como cuando el 24 de abril
manifestantes esbozados incendiaron las sedes de los tres partidos mayoritarios
ubicadas en la capital guerrerense, Chilpancingo, en protesta porque el
congreso del Estado rechazó por segunda vez una ley a modo, propuesta por los
maestros para restar fuerza a una histórica reforma educativa aprobada en
consenso por el nuevo Gobierno federales y la oposición.
El
tono vandálico reapareció el 1 de mayo, Día del Trabajo, cuando un grupo de encapuchados
destruyeron automóviles oficiales y en la vivienda del gobernador Ángel Aguirre
realizaron destrozos varios y robaron chalecos antibalas de los policías que
estaban de guardia.
El
conflicto en Guerrero no solo ha subido de visibilidad sino que incluso cada
vez más voces son las que han dicho con todas sus letras lo que muchos otros
apenas sí susurran: que el movimiento de resistencia tiene vínculos con la
guerrilla. "Lo que está ocurriendo en Guerrero no es una protesta de
maestros”, declaró el gobernador de Morelos y también coordinador de la
Comisión de Educación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),Graco Ramírez Abreu .
En su opinión, “ahí hay una estrategia claramente planteada donde se vincula la presencia de guerrilla, con las famosas Policías Comunitarias y
con grupos de vandalismo político”.
Pero
aún antes que los maestros fueran un dolor de cabeza incesante, Guerrero ya era
un tema en el tablero de graves conflictos del Gobierno mexicano. El añejo
ambiente de inseguridad de ese Estado fue el marco para que otrora discretos
cuerpos policíacos comunitarios se multiplicaran, y adquirieran una visibilidad y un discurso desafiante –que
incluyó múltiples detenciones arbitrarias, muertes en circunstancias no
aclaradas y reclamos de hartazgo ante incumplimientos de promesas de seguridad
por el azote de grupos del crimen organizado.
Frente
a la presión de los docentes guerrerrenses insurrectos y las guardias
comunitarias, el Ejecutivo ha intentado reforzar una imagen de moderación con
una respuesta calmada. La estrategia gubernamental ha incluido tanto llamados
al diálogo como tardanza en la ejecución de órdenes de aprehensión contra al
menos una veintena de sindicalistas desde hace semanas. Incluso cuatro
profesores detenidos, acusados de terrorismo, fueron prontamente liberados esta
misma semana, en que se conmemora el séptimo aniversario de violentos choques
en Atenco, Estado de México. La acción policial, que dependió del entonces
gobernador Peña Nieto, estuvo plagada de brutalidad y violaciones a los
derechos humanos, incluidas las violaciones a mujeres detenidas en la
operación.
Las
protestas de Guerrero han encontrado eco en estados vecinos como Michoacán, una
zona especialmente azotada por el narco, que está muy lejos de haber bajado su
violento accionar. Allí, tan solo este viernes estudiantes de magisterio
secuestraron ocho autobuses e intentaron llegar a la ciudad de Morelia para
continuar con sus protestas, una más de las que en semanas han paralizado
importantes vías de la ciudad capital del estado.
La
tensión michoacana se vio agravada por una circunstancia tan inédita como
imprevisible. El gobernador Fausto Vallejo, un querido exalcalde de Morelia y
quien lograra el retorno del PRI al poder de ese Estado que llevaba 10 años en
manos del partido de la Revolución Democrática, enfermó gravemente. Las ausencias del mandatario, y la tardanza en reconocer la
necesidad de un remplazo en el poder estatal, solo vinieron a agravar la
ingobernabilidad de una zona donde grupos de criminales detentan un poder que
ha llegado a desplantes como el de esta semana, cuando en un vídeo subido a
Youtube el líder de los Caballeros Templarios en Michoacán, Servando Gómez, 'La Tuta', reta al Gobierno federal a
poner freno a las guardias comunitarias. Estas, surgidas recientemente en
contraste con las de Guerrero -donde las más llevan décadas actuando dentro de
la ley- aparecieron de súbito, con armas de alto poder y un mensaje de que
harían justicia por propia mano ante la omisión del poder formal frente a
narcos como los Caballeros Templarios, un cartel que domina vastas regiones de
Michoacán.
En
Oaxaca, otro Estado vecino de Guerrero, la policía detuvo a 25 personas,
acusadas de “anarquistas”, por destrozos en la marcha del 1 de mayo, pero la
tensión en esa región ha tenido altas y bajas en las últimas semanas, con la
cuerda de las cosas a manos de la disidencia magisterial.
La
empobrecida Chiapas, donde el subcomandante Marcos lanzara la advertencia de
bienvenida contra el PRI, también vive tensión ante la posibilidad de un paro
indefinido en las escuelas. Cuando el insurgente zapatista retomó su discurso
belicoso, Osorio Chong, mano derecha de Peña Nieto, intentó con ese “no nos
conocen” calmar las aguas y ganar tiempo. Pero la resistencia de maestros e
insurgentes solo ha crecido a pesar de señales de que antiguos intereses
“intocables” han sido afectados por la nueva administración: la ambiciosa
agenda de reformas surgida de un pacto de gobierno y oposición se cobró en la poderosa líder magisterial Elba Esther Gordillo la
primera factura para la modernización educativa, y una reforma en las
telecomunicaciones aprobada esta misma semana podría limitar el poder de los
barones de ese sector.
“¿Así
que no nos conocemos?”, respondió Marcos aquel diciembre al secretario de
Gobernación. El zapatista repasó en un nuevo comunicado los antecedentes y las
conexiones entre el viejo y el nuevo PRI. Por ejemplo, uno de los acusados por
la matanza de Acteal fue Emilio Chuayffet, cercanísimo colaborador de Peña
Nieto, quien lo hizo secretario (ministro) de Educación. “Si ellos nunca se
fueron, tampoco nosotros”, remachó, en una frase que pareció prever la
convulsión que junto con el discurso modernizador de Peña Nieto ha marcado los
primeros meses del Gobierno.
Ante
todo lo anterior, la opinión pública mexicana está dividida: por una parte, hay
llamados a aplicar la ley sin reservas a estos grupos cuando cometen actos
ilícitos (desde bloquear carreteras o aparecer con armas). Por otra, se
escuchan también discursos que piden tener en cuenta que no se puede usar una
mano firme sin tener presente que esto que hoy resucita en el sur mexicano es
el resultado del país bicéfalo, moderno y atrasado, parte de las economías más
ricas y de los atrasados centenarios, de esa emproblemada nación que el PRI
heredó en 2000 y que el PAN no corrigió en doce años de gobierno federal.
De
la mano de un presidente con discurso modernizador, México, el país de la
desigualdad que tiene en pobreza a 54 millones de personas y en el que durante
décadas las élites no han sabido generar oportunidades para casi la mitad de su
población, hoy voltea al norte para trazar mayor cooperación con Estados
Unidos, pero tiene en el sur un potencial incendio que en estos meses ha
recordado a todos que falta mucho por hacer por los que menos tienen.
