¿Qué apesta en San Carlos, nuevo Guaymas? (Edición No. 134, Reportaje)

Por José G. Rodríguez "Zurdo"

Es de sobra conocido que San Carlos virtualmente desde su origen, ha sido escenario de cientos o miles de actos ilícitos que van desde fraudes en la venta de bienes muebles e inmuebles, depredación de la naturaleza, cierre de playas, corrupción de gobernantes municipales y estatales a cambio de jugosas recompensas que se traducen en la propiedad de amplias áreas de terrenos, impunidad rampante para beneficio de influyentes y quien sabe cuántos males, que de una forma u otra influyen para que espacios como Puerto Peñasco, muestran un acelerado desarrollo que en nuestra región no es posible soñar siquiera.
Para no variar, en un tema de moda en el centro turístico, tiene que ver con la investigación que al parecer están ejecutando autoridades federales en torno a un presunto caso de fraude en alta escala para perjuicio de quienes aportaron diversas sumas de dinero, incluyendo a unos extranjeros, quienes sin recibir explicación alguna vieron desaparecer la Unión de Crédito de San Carlos, que operaba en el lugar, siempre bajo la dirección de unos cuantos personajes, ahora ubicados como probables responsables de una administración opaca que concluyó con la quiebra de la institución financiera.
Nada hubiera sucedido en el rumbo, pues los socios locales se habían resignado ya a la pérdida de sus capitales, con la salvedad de que los extranjeros afectados no conformes con lo sucedido, expusieron su malestar y con ello una denuncia ante las autoridades hacendarias, exigiendo cuentas claras y la devolución de su dinero.
Fuentes enteradas indican que los primeros en ser llamados a cuentas, son los empresarios Enrique Rodríguez Pompa, Mauro Félix y Heriberto Duarte, por ser ellos quienes mantenían el control de la Unión, junto con otra persona ya fallecida y de apellido Martínez, pues de acuerdo a la fuente, a ellos corresponde explicar a satisfacción el manejo financiero y las razones precisas para terminar con la operación, sin que el resto de los socios fuera enterado en su tiempo.
Ante tales circunstancias, no sólo se sospecha de movimientos fraudulentos en beneficio de unos cuantos, sino además de la comisión del delito considerado como lavado de dinero, toda vez que los accionistas extranjeros aportaron el dinero en dólares, sin que sus nombres sean considerados en las lista de inversionistas, como era lo obligado.
Nuestra fuente señaló que dentro del hermetismo que se observa en las investigaciones, es probable que a principios del año entrante (2008) se resuelva el caso, sea para llamar a cuentas a los culpables, si se comprueba el fraude y el lavado de dinero, o en su defecto, para cerrar el asunto absolviendo a los sospechosos.
Otra vez Catalina Ordaz
Para nadie es extraño ver el nombre de la señora Catalina Ordaz de Evatt involucrado en conflictos judiciales de todos tipos, que incluyen uno por delitos contra la naturaleza, que la condujo a prisión hace algunos meses, así como otro en la que la dama acusó por los delitos de difamación a los señores Gerardo Pliego Garduño y Antonio Castillo Puga, quienes finalmente fueron absueltos por la justicia, toda vez que la acusadora no pudo sostener su dicho a cabalidad.
En la actualidad tiene lugar un juicio de nulidad tendiente a lograr que un juzgado determine a plenitud en relación a un lote de terreno antiguamente propiedad del señor Georgia Mortellini, quien no pudo impedir que se dictara un embargo en su contra, para satisfacer un juicio laboral enderezado por tres trabajadores, a quienes el extranjero ni siquiera conocía, menos que los hubiera contratado para ejecutar obra alguna en el terreno en disputa.
Aún así la Junta de Conciliación y Arbitraje falló en contra de Mortellini, para luego darse la venta del terreno a la señora Ordaz de Evatt, quien más tarde se asoció con un grupo de norteamericanos, encabezados por un caballero de apellido Mellon, para proceder a la construcción de dos edificios destinados a condominios, quedando la multicitada dama en plan de administradora del capital, autorizada por el Consejo.
Tras varios esfuerzos fallidos por fin un juzgado civil aceptó estudiar la petición de nulidad
De un fallo que tiene muchos aspectos para presumir que se trató de una situación simulada en la que pudiera ser que hayan estado implicados funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Obregón, lo que se ser real, haría que en caso de no moverse poderosas influencias oficiales para impedirlo y así favorecer a la señora Ordaz de Evatt, ésta se vea obligada a soportar un fallo adverso que pudiera ser mucho peor si se considera que en esto se configurarían inclusive delitos de orden penal.
Como si esto fuera poco, fuentes que saben de lo que sucede en relación a los hechos, indican que algo pasó hace poco tiempo, que la señora Catalina Ordaz de Evatt fue eliminada como administradora de la inversión en los edificios de condominios, gracias a un acuerdo de los accionistas mayoritarios, no se sabe, si por que se debió a la pérdida de confianza o deficiencia en el manejo del dinero y lo que es peor, por malos manejos en perjuicio de la sociedad inversionista.
El caso es que por lo pronto, las obras se encuentran paralizadas desde hace varios días, sin que haya información precisa sobre el particular, aunque gente ligada al mundo de la construcción, habla ya de un plan tendiente a introducir una demanda de tipo laboral por parte de trabajadores de la construcción en contra de la sociedad presidida por Mellon, todo naturalmente en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Obregón.
Lo que llama la atención es que se busque, si es verdad lo del plan en marcha, entablar demanda contra la sociedad inversionista, cuando que lo lógico es en todo caso, que si es que se da una demanda laboral, ésta sea en contra de la empresa constructora, que fue la que contrató los servicios de la planta trabajadora para que sea ésta la que responda por el señalamiento que se haga, porque es seguro que no fue el señor Mellon quien anduvo buscando gente para que se encargara de las obras, sino en todo caso lo que hizo fue negociar con una empresa constructora, la que se afirma por otro lado que en este caso es propiedad precisamente de Catalina Ordaz de Evatt y su hermano, el regidor e ingeniero químico José Ordaz Aguiar, de triste fama en San Carlos.
Así las cosas si la constructora se siente afectada por algún incumplimiento de la sociedad inversionista, tiene entonces la oportunidad de acudir a un juzgado civil y no a una dependencia laboral como se dice va a suceder, porque los probables demandantes van a topar con pared, si es que para su mala suerte la dependencia laboral se considera incompetente para atender un asunto que no es de su incumbencia, a menos que como sucede en este mundo de la justicia, todo esté listo ya para que los inversionistas extranjeros dejen su capital en manos de sus socios mexicanos, expertos por lo que se ha visto, en hacer uso de las leyes nacionales para su beneficio.
Es que después de lo que se vio con el aberrante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la nación para absolver al gobernador de Puebla Mario Marín, contra la dignidad y derechos de Lydia Cacho, todo se puede esperar de aparatos de justicia menores, cuyas muestras de corrupción son abundantes a todas escalas, empezando por procuradores, para pasar por jueces, hasta llegar ahora a los propios ministros, para de esa forma mandar al diablo esa palabrería cotidiana de que el gobierno nos endilgan afirmando que nadie está por encima de la ley, cuando que la realidad allí está para demostrar todo lo contrario.
Veremos pues si en los dos casos que apuntan hacia Catalina Ordaz de Evatt, se impone la verdad y la justicia o si por el contrario, sale con banderas desplegadas por enésima ocasión, algo que no sería nada raro.