Claudia Altamirano/ El
País
El 18 de junio de 2008, entró en
vigor en México una polémica reforma para transformar el sistema penal
tradicional en uno acusatorio, es decir, uno que orienta sus beneficios hacia
la víctima del delito y basado en juicios orales transparentes. El Gobierno
estableció como plazo ocho años para lograr esta transición, pero a un mes y
medio de la fecha límite, ni un solo Estado mexicano está listo para iniciar su
operación y, según los expertos, tardará otros 11 años más en estar preparado.
Incluso algunos Estados están tan
alejados de la meta, que según el cálculo de Cidac podrían tardar hasta 40 años
en adaptarse al sistema acusatorio. Los expertos no especificaron qué entidades
tienen este rezago tan pronunciado, pero en su lista aparecen en último lugar
el norteño Sonora, el sureño Guerrero y el céntrico Colima.
Entre las principales razones de
este atraso están la falta de coordinación entre las instituciones; la
disparidad de criterios de actuación entre cada Estado y el constante cambio en
las autoridades impartidoras de justicia, expusieron los expertos de Cidac y
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la presentación del
Informe. Pero el gran pendiente, advirtieron, es la capacitación a la Policía,
que es el primer contacto que tiene la víctima al denunciar un delito.
Según el informe, el número de
oficiales preventivos capacitados para el nuevo sistema acusatorio es de 22.535
y falta capacitar a 117.567 en todo el país; en tanto que el personal
penitenciario capacitado es de 4.121 y faltan por capacitar 69.501, a mes y
medio del ‘Día D’. Esto significa un rezago de 94.40% en la capacitación al
personal carcelario y de 88.74% en la policía preventiva.
El número de elementos
–capacitados o no- también es insuficiente: Cidac indica que en el país faltan
21.992 policías preventivos; en Veracruz faltan 1.500 y el Estado de México
tiene un déficit de 6.000 policías preventivos, 1.500 de investigación y 500
ministerios públicos.
Otros focos rojos en México para
Cidac son Baja California, donde hay un juicio oral por cada 102 causas que
ingresan, y Guerrero, donde “por su situación particular” es muy difícil la
transición al sistema acusatorio, explica María Novoa, directora del área
de Justicia de Cidac.
“La coordinación de las
defensorías, ni se diga la policía, y el nuevo rol del asesor victimal, lo
vemos más lejano. No existe un referente en el país que pueda ser replicable;
hay algunos estados que se han aproximado, como Chihuahua o Baja California,
que tiene diferentes instancias pero creó una plataforma de comunicación que
las conecta. Yucatán tiene un sistema integral, y Guanajuato también ha tenido
avances. Pero ninguno tiene aún las funcionalidades requeridas para ser un
modelo replicable”, detalló Novoa.
Según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, la cifra negra de
delitos en México –los que no se denuncian y los que no derivaron en
averiguación previa- fue de 92.8% a nivel nacional durante 2014, lo que refleja
la total desconfianza de los mexicanos en la justicia de su país. El reporte de
Cidac destaca que 32% de los encuestados dijo que la denuncia “es una pérdida
de tiempo” y 16.8% no denuncia porque desconfía de la autoridad.
Además del informe, Cidac
presentó el documental ‘¿Cómo arreglar una locomotora en marcha?’, en el
que aparece el empresario Alejandro Martí, quien unos días antes de la
entrada en vigor de la Reforma Penal (junio de 2008) perdió a su hijo Fernando,
de 14 años de edad. El adolescente fue secuestrado y asesinado, y este crimen
levantó una ola de protestas en México por la inseguridad. “Si no pueden con la
inseguridad, renuncien”, dijo Martí dos meses después a los funcionarios del
Consejo Nacional de Seguridad, incluido el entonces presidente Felipe Calderón.
Ocho años después, Alejandro
Martí dice en el video que el Gobierno es muy indolente porque no invierte en
el eslabón más importante de la justicia mexicana: la Policía. Pero los
funcionarios están “listos para empezar a aprender”, dijo el presidente del Senado, Roberto
Gil Zuarth, en el mismo documental.
