Zorayda Gallegos/ Elpais.com
En México, donde el gasto anual por estudiante es uno de
los más bajos de los países que integran la OCDE, los estados destinan
incorrectamente los recursos que el Gobierno federal les otorga para elevar la
calidad educativa. En 2014, la federación transfirió a las 31 entidades del
país 1.255 millones de pesos (cerca de 70 millones de dólares), pero al momento
de rendir cuentas no pudieron comprobar en qué gastaron el 93% de los recursos,
revela la Auditoría Superior de la Federación.
El dinero es para el programa Fortalecimiento de la
Calidad en la Educación Básica. El objetivo es mejorar el aprendizaje de los
alumnos, reducir el rezago educativo y apoyar al personal docente en la
generación de condiciones de aprendizaje “con énfasis en la lectura, la escritura
y las matemáticas”. Los recursos, que se encuentran sujetos a reglas de
operación, se destinan para apoyar el desarrollo curricular, impartir clases de
inglés y para que las escuelas adquieran materiales educativos.
En una revisión hecha a las finanzas del programa, el
máximo órgano fiscalizador encontró que sólo ocho de los 31 Estados exhibieron
documentación comprobatoria por 231,3 millones de pesos (12,8 millones de
dólares). Sin embargo, el 65% de los recibos de pago que presentaron para detallar
cómo usaron los recursos, presentaron irregularidades. Con el dinero
transferido por la federación pagaron vales de gasolina, materiales de oficina
que no tienen relación con el programa, artículos deportivos, y se realizaron
eventos que no se justifican.
La Secretaría de Educación no llevó a cabo acciones para
vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en las reglas de operación, no
estableció sanciones para los Estados que incumplieran, y careció de esquemas
para evaluar los procesos y resultados del programa. La dependencia federal no
exigió que los gobiernos presentaran contratos de apertura de las cuentas
bancarias del programa y no establecieron plazos máximos para que las
secretarías de finanzas y las de educación estatales remitieran a la SEP los
recibos comprobatorios de los recursos transferidos.
Las consecuencias sociales de las anomalías detectadas es
que no es posible saber cuántas de las 199.753 escuelas y de los 23,4 millones
de alumnos de educación básica fueron beneficiados. Además la Secretaría de
Educación no contó con información para asegurar que las escuelas beneficiadas
por el programa fueron las que tenían mayor necesidad de mejorar su logro
educativo. Tampoco definió ni realizó un diagnóstico para enlistar las
condiciones que debe presentar una escuela para ser apoyada por el programa.
México es de los que siempre aparecen en los últimos
lugares de los países con problemas educativos en los informes de la OCDE. En
las evaluaciones oficiales los alumnos siempre salen mal calificados. El año
pasado se dieron a conocer los resultados del Plan Nacional para la Evaluación
de los Aprendizajes (Planea) y estos revelaron que los estudiantes de sexto de
primaria y tercero de secundaria tienen un bajo aprendizaje en lenguaje,
comunicación y matemáticas.
En el plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 también se
reconocen las fallas en materia educativa. El informe destaca que aun con la
implementación de este tipo de programas “persisten retos que requieren una
revisión profunda de las políticas educativas y de la organización del Sistema
Educativo Nacional”. La calidad de la educación básica sigue siendo un reto
mayor. En la evaluación PISA más reciente, México se ubicó en el lugar 48 de 65
países participantes y en el último de los entonces 33 países de la OCDE.
