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El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) lanzó un
llamado a la nueva gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, así como a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría
de Gobernación (Segob) para que suspendan la construcción y operación del
Acueducto Independencia.
La organización se congratuló por la liberación de los
integrantes de la tribu yaqui Fernando Jiménez y Mario Luna,
quienes se encontraban encarcelados desde septiembre de 2014 luego de ser
acusados de privación ilegal de la libertad y robo por el Gobierno de Sonora,
delitos que -aseguran- no cometieron.
En un comunicado, el Cemda reiteró el llamado a detener
la operación del Acueducto al señalar que sigue funcionando fuera del marco
legal, extrayendo agua del río Yaqui para llevarlo a la ciudad de Hermosillo.
"Reiteramos nuestro llamado a que se ponga fin
a este conflicto, salvaguardando el agua del río Yaqui, recurso fundamental
para la sobrevivencia de la tribu yaqui y garantizando con ello los derechos
humanos de esta comunidad al acceso a agua y a un medio ambiente sano",
indica el comunicado.
El Cemda recordó que desde el 8 de mayo de 2013, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dejar sin efecto la autorización
de impacto ambiental que la Semarnat otorgó para la construcción y operación
del Acueducto, así como reponer el procedimiento llevando a cabo un proceso de
consulta, previo, libre e informado a la tribu yaqui, conforme señala la
legislación vigente en México y el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
En su sentencia, la Corte determinó que de existir un
daño irreparable a los derechos de la tribu, el Acueducto tendría que
suspenderse.
Al respecto, el Cemda mencionó que el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) elaboró un peritaje el 17 de febrero de 2015,
el cual confirmó que el Acueducto ocasiona efectos y daños irreparables a la
población, en su vida social, económica, cultural y ambiental, por lo tanto
debe ser cancelada de inmediato su operación.
Es muy grave que, como ocurrió durante la administración
de Guillermo Padrés, los casos de defensores ambientales se politicen y
sean las propias autoridades del Gobierno estatal quienes los criminalicen por
defender sus derechos humanos, añadió el Cemda en el comunicado.
