Evlyn Cervantes/ Reforma
A un año del derrame de 40 mil metros cúbicos
de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi, ocasionado por la
mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, no hay castigo para los
responsables.
La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), presentó el 18 de agosto de 2014 una denuncia penal contra
quien resulte responsable, de lo que se considera el peor desastre ambiental en
la industria minera del País.
Por estos hechos, la sanción implicaría hasta nueve años de cárcel, pero hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha ejercido ninguna acción penal.
De acuerdo con la Profepa, la averiguación
previa se encuentra todavía en trámite en la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales
(UEIDAPLE).
Como parte de la indagatoria, se solicitó la coadyuvancia en la averiguación previa y se realizaron diversas reuniones con instituciones que fueron convocadas para el análisis de la información, como la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua, la Consejería Jurídica, entre otras, quienes determinarían su intervención de acuerdo con sus atribuciones.
La Profepa informó que también se ofrecieron
pruebas documentales, dictámenes técnicos y periciales en materia de
caracterización de sustancias y se realizaron observaciones técnicas y
jurídicas al Ministerio Público para efecto de poder realizar el dictamen
correspondiente.
Por ello, especialistas como Juan
Ricardo Juárez Palacios, presidente del Comité Técnico Asesor de la Academia
Mexicana de Impacto Ambiental, y Ramón Ojeda Mestre, secretario de la
Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, cuestionan la actuación del
Gobierno federal en la reparación del daño.
"Van a cuenta gotas haciendo la
reparación del daño ambiental y no es ni medianamente suficiente frente a la
dimensión del problema.
"Yo sigo creyendo que es equivocado el
arreglo que hicieron las autoridades porque debió haberse aplicado a fondo la
Ley de Responsabilidad Ambiental antes de llegar a una negociación con la
minera", aseguró Juárez Palacios.
Marisa Jacott, directora de Fronteras
Comunes, dijo que el caso del río Sonora evidencia la necesidad de modificar la
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para garantizar la reparación del daño
en afectaciones que se manifiesten posteriores a 15 años, y para que la carga
de la afectación no quede en manos de las comunidades sino de la empresa.
Se
amparan…
Los Comités de Cuenca del Río Sonora,
formados por personas afectadas por el derrame de contaminantes en ese río,
interpusieron cinco amparos para denunciar irregularidades cometidas por el
gobierno federal y la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México.
Los amparos, afirmó el abogado Luis
Miguel Cano, sirven para exigir que las autoridades garanticen la participación
de los Comités de la Cuenca en los planes de remediación del derrame ocurrido
el 6 de agosto de 2014, que las mineras respeten el medio ambiente y hacer que
Buenavista del Cobre y el gobierno federal reparen el daño de forma integral.
"Estas acciones buscan reparar las
violaciones a los derechos humanos que se cometieron por el derrame del 6 de
agosto de 2014 y que ha cambiado la vida de los habitantes de la región del Río
Sonora, así como responsabilizar a las autoridades -que han omitido algunas de
sus obligaciones- para que protejan a la gente afectada, dijo.
