(APRO) Al concluir su visita por México, el
relator especial sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de la
Organización de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, aseguró que la tortura y el
maltrato en el país son prácticas utilizadas en casi todas las corporaciones
policiales.
La situación más difícil, dijo, se registra desde el
momento de la detención hasta que el arrestado es puesto a disposición de la
justicia.
Señaló que cuando habla de “generalización” no implica
que sea una situación “deliberada, sistemática ni masiva”, ni que esté
impulsada por “altos dirigentes” del Estado.
Las denuncias recibidas, agregó, se dan en “prácticamente
todas las corporaciones que hacen arrestos en este país”.
Añadió:
“Tengo la obligación de decir al gobierno de México, pero también a la sociedad
mexicana, que hay una especie de endemia de la tortura que hay que corregir”, e
insistió en que esa situación “se está en camino de corregirla”.
Méndez –quien fue invitado por el gobierno mexicano, al
que agradeció el “excelente apoyo” que le prestó en su gestión– se entrevistó
con autoridades federales y estatales y visitó centros de detención y otras
instalaciones.
El relator de la ONU recibió ayer, de manos del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el informe titulado “La
tortura, mecanismo de horror”.
De acuerdo con información documentada por ese organismo,
de marzo de 2013 al mismo mes de este año se registraron en el estado de
Chiapas 18 eventos donde se cometieron actos de tortura.
Según el Frayba, la intencionalidad de esa práctica en
los eventos documentados consiste en la aplicación de un “castigo ejemplar”
para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos
al gobierno, para anular la personalidad de la víctima y/o para que ésta se
auto inculpe de delitos o inculpe a terceras personas.
En el caso de las mujeres, “la violencia sexual es una de
las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradarlas
moralmente, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su
género. De tal manera violenta también derechos específicos de las mujeres”,
según el texto del organismo no gubernamental fundado por el obispo Samuel Ruiz
García.
