Jesusa Cervantes y Juan Carlos Cruz
El seguro de desempleo recientemente aprobado por la
Cámara de Diputados será una gran ayuda… para los banqueros y grandes
empresarios, empezando por quienes en 1992 crearon un entramado institucional
que ahora los beneficiará: Pedro Aspe, entonces titular de la Secretaría de
Hacienda, y Guillermo Ortiz Martínez, subsecretario en la misma dependencia. En
contraparte, los trabajadores tendrán menos posibilidades de acceder a un
crédito Infonavit
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace 22 años, el entonces
secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, y el subsecretario de esa
dependencia, Guillermo Ortiz Martínez, hicieron mancuerna desde el gobierno de
Carlos Salinas de Gortari para modificar todo el esquema de retiro y jubilación
del país. Ahora sus caminos se cruzan nuevamente, pero como empresarios
favorecidos por el “seguro de desempleo”.
Autor intelectual de la individualización del Sistema de
Ahorro para el Retiro (SAR) en el sexenio salinista, Pedro Aspe pasó de
“creador” de las afores a beneficiario de ellas, pues su empresa
Evercore-Protego tiene capital invertido en la firma Servicios Corporativos
Javer, el mayor promotor y constructor de vivienda social en México, industria
que crecerá por las modificaciones legales.
La historia que Pedro Aspe inició en febrero de 1992 con
la creación del SAR tuvo su más reciente capítulo el pasado martes 18 en la
Cámara de Diputados. Ese día y gracias a los votos de 46 legisladores del PRD,
el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, cumplió
un compromiso que Enrique Peña Nieto asumió ante los empresarios: quitar a los
trabajadores 3% de su fondo de vivienda, ponerlo en manos de la iniciativa
privada –lo que fortalecerá a bancos y constructoras– y “achicar” el Infonavit.
Ese mismo día, el pleno de San Lázaro aprobó con 205
votos del PRI, 26 del PVEM, 10 del Panal y 46 del PRD la creación del seguro de
desempleo. Sin embargo, a diferencia de lo que Peña Nieto aseguró en su mensaje
a la nación del 8 de septiembre –que los recursos saldrían del gobierno, lo que
explicaba el aumento de impuestos–, el dinero provendrá del ahorro del
trabajador.
Actualmente el patrón aporta a sus empleados 5% del fondo
de ahorro para la vivienda. Ese monto “se registra” en algunas de las 12 afores
bancarias que existen, pero lo administra el Instituto del Fondo Nacional para
la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Ese 5% forma parte del patrimonio
del Infonavit y son los recursos que usa para financiar créditos.
La ley del instituto establece que las aportaciones del
patrón al trabajador son recursos propiedad del empleado y forman parte de su
salario, por lo cual nadie puede disponer de ellos. Sin embargo, Peña Nieto y
los diputados federales cambiaron la norma para permitir que los empresarios
“tomen” tres de los cinco puntos porcentuales que aporta el patrón. Con eso se
creará un “fondo mixto” que alimentará al seguro de desempleo.
Lo anterior implicará que el Infonavit reciba 3% menos
recursos y, por lo tanto, tenga menos presupuesto para otorgar créditos. Así
que los trabajadores deberán conseguir empréstitos de otro lado si quieren una
casa: La opción será pedir un crédito al banco.
Miles de millones
De acuerdo con el Plan financiero 2014-2018 del
Infonavit, el instituto obtendrá este año 157 mil 660 millones de pesos. Esa
cantidad provendrá de cuatro fuentes: “recuperación de cartera, fuentes
alternas de financiamiento, otras entradas y aportaciones patronales cotizantes
sin crédito”. Este último rubro es el mencionado 5% que los patrones entregan a
los casi 51 millones de trabajadores formales que hay en México.
Traducido, ese 5% representa 57 mil 399 millones de
pesos. La diputada de Movimiento Ciudadana y abogada laboral Luisa María
Alcalde –quien votó en contra del seguro– detalla que cada punto porcentual
equivale a 11 mil 479 millones de pesos.
“Lo anterior significa que el 3% suma 34 mil 439 millones
de pesos”, y amplía: Lo aprobado por la Cámara de Diputados permite que esos
34.5 mil millones vayan a parar a las afores que hoy existen.
Así las cosas, de los 57 mil 399 millones de pesos que el
Infonavit recibirá en 2014, para el siguiente año –cuando la ley ya esté en
vigor– sólo obtendrá 22 mil 960 millones de pesos.
Actualmente existen 12 afores bancarias: Afirme Bajío,
Azteca, Banamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Metlife, Pensionissste, Principal,
Profuturo GNP, Sura y XXI Banorte.
De acuerdo con el cuarto Informe Trimestral de 2013 que
la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) envió a la
Cámara de Diputados, la afore XXI-Banorte es la que concentra el mayor número
de cuentas de trabajadores: 17 millones 923 mil 276. Esto representa 35.22% del
total. Le sigue Banamex de manera muy lejana, con 7 millones 774 mil 485. La
tercera es Sura, con 6 millones 140 mil 956 cuentas. Y el resto se distribuye
entre las nueve afores restantes.
La diputada Luisa María Alcalde explica que así como
sucedió en la transición del SAR a las afores, hoy ese 3% del fondo de vivienda
puede ir a parar a cualquiera de las 12 afores bancarias. “Esto es así porque
las afores son muy seductoras. En 1992 Pedro Aspe determinó que se
individualizaría todo ese dinero en cuentas”. Ahora, delinea, uno podrá decidir
que ese 3% lo siga manejando el Infonavit o que pase a una afore, pero como
éstas son tan seductoras por ofrecer mayores rendimientos –aunque no siempre lo
cumplan– la gente tenderá a trasladar su dinero.
La “suerte” de los exfuncionarios
Banorte tiene 35.22% de las cuentas de quienes cotizan en
el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando la reforma entre en vigor, es lógico
esperar que sus trabajadores autoricen que Banorte también administre el 3%
mencionado.
Lo anterior implicaría dinero fresco para ese banco por
12 mil 129 millones de pesos. Así, Guillermo Ortiz Martínez recibiría la
millonaria cantidad en el banco que hoy preside.
El gran cúmulo de cuentas que dicha institución bancaria
administra se debe a que en diciembre de 2011 compró la cartera de afores del
gobierno –llamada Siglo XXI– y en enero de 2013 adquirió la de Bancomer.
Luisa María Alcalde insiste: “Ese 3% forma parte de las
conquistas logradas por el trabajador.
Ahora, cuando vaya a pedir un crédito al
Infonavit, la lista de espera para que se lo autoricen será mayor, porque el
instituto tendrá 34 mil 439 millones de pesos menos. Así, habrá menos créditos
y ello llevará a un empleado a que acuda a un banco para que le dé lo que le
falta en crédito; por ser clientes cautivos la tasa de interés que el banco les
cobre será siempre mayor que lo que cobraría el Infonavit”, enumera.
El hecho de que el Infonavit preste menos dinero y los
empleados tengan que irse a constructoras y bancos, abunda, hará que varias
empresas adquieran fuerza financiera. “También para ellas será dinero fresco”,
y así como en los sexenios panistas crecieron Urbi, Casas Geo, Sare, Ara y
Homex –las cuales están hoy en quiebra y han tenido que ser “rescatadas” por el
gobierno– ahora serán otras compañías las que se capitalicen gracias a un
dinero que no debería tocarse.
Una de las firmas que podrían beneficiarse es
Evercore-Protego, propiedad del creador de las afores, Pedro Aspe. Y es que
Evercore tiene “capital comprometido” en nueve empresas, entre las que destacan
Volaris, Más Pharma, Grupo Axo y Servicios Corporativos Javer, “el mayor
promotor privado de la vivienda en México”, según anunció el 18 de junio de
2013.
En el portal de internet de Javer se anuncia que ayuda a
“encontrar la mejor opción de financiamiento” y para ello se vincula con
Infonavit, Bancomer, HSBC, Scotiabank, Casa Mexicana, Santander Serfín… y
Banorte.
El que paga
En contraste con los 34 mil millones de pesos que “se le
quitarán” al Infonavit, el seguro de desempleo sólo le costará al gobierno 9
mil millones de pesos, y eso “sólo si no se alcanza a pagar el seguro con el
dinero del trabajador”, asevera la diputada Alcalde.
El presupuesto gubernamental provendrá de un esquema
bautizado como “fondo solidario”, el cual equivaldrá a 0.5% de un salario
mínimo.
La legisladora puntualiza que para tener derecho al
citado seguro un trabajador necesita tener 45 días desempleado. Se le pagará
sólo durante seis meses y podrá pedirlo cada cinco años únicamente. Otra
restricción es que para acceder a la prestación deberá haber trabajado de
manera ininterrumpida al menos 114 semanas.
A lo largo de esos seis meses, pormenoriza, al
desempleado se le dará en el primer mes 60% de su salario base cotizado en su
último trabajo; el segundo mes se le entregará 50% y, los cuatro meses
restantes, 40% en cada uno.
En caso de que lo ahorrado por el trabajador en su “fondo
mixto” no alcance a cubrir los seis meses del seguro, el gobierno completará de
su “fondo solidario”, y si con esto tampoco se cubriera, entonces el dinero se
tomaría del presupuesto de la Federación, aunque no se ha especificado de cuál
partida.
Ningún empleado pagará el seguro de otro, sino que será
el propio despedido quien lo haga, aclara la integrante de MC. Comenta que si
alguien ya pidió su crédito Infonavit, “al quedar desempleado deberá decidir si
con el seguro de desempleo paga la mensualidad que debe al Infonavit, si paga
la renta o si paga la comida”.
Concluye: El esquema ideado es “una burla” en la que
colaboró la izquierda.
La tarde del 18 de marzo pasado el PRI, el Panal y el
PVEM sólo juntaban 241 votos cuando se debatía el seguro en el Congreso. La
cantidad no les alcanzaba: se quedaban cortos por 10 sufragios.
En ese momento, los perredistas cercanos a la fracción de
Los Chuchos entregaron mucho más que los 10 votos que faltaban: 46. Entre los
que dieron su aval destacan Silvano Aureoles, Amalia García y el presidente de
la Comisión de Seguridad Social, Javier Salinas, quien dos días después de
entregar su voto pidió “revisar las pérdidas de las afores”: Ocurre que en el
último año las afores perdieron 300 mil millones de pesos debido a operaciones
fallidas de los bancos que las manejan.
La Ley de Seguro de Desempleo deberá discutirse todavía
en el Senado de la República. Los legisladores priistas y líderes gremiales
Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato petrolero; Joel Ayala, de la
FSTSE; Armando Neyra, de la CTM), e Isaías González, de la CROC, ya dijeron que
los “senadores obreros” la rechazarán, pero eso no significa nada: los 39
“diputados obreros” terminaron votando a favor.
