PROCESO
No
es un escenario irreal: su gobernador en estos momentos puede estar ahogado de
borracho, ordenando la encarcelación de un líder social.
En
una alteración demoníaca debido a la sobredosis de metanfetaminas, su
presidente municipal, aliado de algún grupo del crimen organizado, tomaría el
teléfono para decretar el asesinato de una madre que reclama la aparición de su
hijo.
El
diputado que representa su distrito podría estar inhalando cocaína en el baño
del Congreso, mientras aguarda para votar una ley que seguramente no será
favorable para el electorado.
Es
bien sabido que los políticos, por regla de convivencia, son por lo regular
amigos del alcohol. En sus barrocas y zalameras comidas, donde el abrazo
hipócrita es la única forma de saludar sus egos, no faltan las mejores
botellas. Es ahí, embriagados de poder, donde no pocas veces toman sus
decisiones. A quien desplazar, a quien borrar, a quien encumbrar.
No
partimos de suposiciones. La historia ha brindado casos emblemáticos:
Churchill, Bill Clinton, Yeltsin y Kim Jong-II. Menos
representativos e ilustres tenemos a los mexicanos Emilio González Márquez,
piadoso hasta decir salud, el amante del coñac Mario Marín, el siempre
enfiestado y jamás noqueado Jorge Kahwagi y el torturado hasta los
testículos Félix Salgado Macedonio.
Youtube
nos ha regalado preciosas historias de políticos embriagados hasta la lengua,
crudos de venganza. Muestra de que el tráfico de influencias no es sólo una
práctica común, sino actividad necesaria para perpetuar los excesos que sus
patologías requieren para sobrevivir.
En
Uruguay, el pasado 6 de julio, el diputado José Carlos Cardoso propuso un
análisis antidoping periódico para políticos. Expone en sus motivos:
“Para
enfrentar el control del tráfico ilícito y el lavado de activos, es imprescindible
que quienes integren instancias de decisión de políticas o tengan la
posibilidad de incidir en ellas, o quienes participan en la ejecución de
políticas vinculadas con el narcotráfico, con responsabilidades
administrativas, relevantes en el campo político o judicial, tengan la libertad
de enfrentar su combate sin ningún tipo de condicionamiento.
“Obviamente,
si la comercialización está prohibida, quien consume drogas ilegales,
necesariamente tendrá alguna forma de contacto con el mercado del narcotráfico,
porque hay que comprar y por alguna vía- por más débil que sea- se producirá el
contacto. Muchas veces esto genera condicionamientos, que incluso en el Uruguay
no lo hemos visto con mucha atención o con mucha claridad, pero se han dado
casos de funcionarios que cumplen funciones muy importantes, vinculados a la
droga o incluso atrapados por consumo. Si queremos dar una lucha frontal y
abierta la tenemos que dar en todos los campos y partir del supuesto de que la
relevancia de la función no exime a nadie a estar expuesto al consumo de
droga”.
El
uruguayo tiene razón. Son esos funcionarios, desde el púlpito de la moral
convenenciera dictada por Washington, quienes nos pretenden dar lecciones de
buenas costumbres. Vive sin drogas, nos sermonea el establishment,
mientras atascan de mierda tóxica la programación oficial. No uses sustancias
ilegales, al tiempo que se sientan a pactar con un cártel.
El
10 de enero de 2009 fue publicado el Nuevo Código Electoral del Distrito
Federal, en el que se le obliga a los candidatos a puestos de elección popular
a someterse a dos pruebas antidoping. Por bizarro que parezca, en Veracruz se
tipificó por ley la aplicación de exámenes antidoping periódicos a los
funcionarios públicos.
El
discurso oficial nos bombardea de publicidad contra el uso de sustancias
tóxicas. En honor a la congruencia, los funcionarios públicos deberían
someterse de manera periódica y sin previo aviso, a exámenes que nos garanticen
que toman decisiones de manera consciente, o, al menos, sin la influencia de
sustancias tóxicas y que no son juez y parte en esta, su guerra contra la
droga.
Las
adicciones a las llamadas drogas duras tienen un sinnúmero de efectos
perjudiciales. Abstinencia, ansiedad, impulsividad, ausentismo laboral,
violencia, problemas mentales, alteración del estado de ánimo. El adicto, fuera
de sí, puede robar y hasta matar para conseguir las sustancias que su organismo
exige para sobrevivir.
El
abuso de sustancias tóxicas es, además, un problema público estrechamente
ligado a una urgente discusión: la necesidad de que exista transparencia
respecto al estado de salud de los funcionarios públicos.
Los
doctores Pierre Rentchnick y Pierre Accoce estudiaron a varios mandatarios de
primer grado; en uno de sus descubrimientos hallaron que el presidente Franklin
D. Roosevelt padecía de presión arterial alta, lo que afectó su lucidez durante
las negociaciones territoriales en la Segunda Guerra Mundial. De este tamaño es
la relevancia de conocer el estado de salud de quienes nos gobiernan.
En
Estados Unidos, desde 1972 los líderes de los partidos tienen la obligación de
informar sobre el estado de salud de los funcionarios. Si bien existen
restricciones sanas y necesarias para proteger la intimidad de los servidores
públicos, como la reserva del historial clínico, es imprescindible que los
ciudadanos sepamos si nuestros gobernantes están en condiciones intelectuales y
físicas óptimas para ejercer su desempeño.
Los
contribuyentes tenemos el derecho de saber si nuestros representantes
padecen algún padecimiento intelectual, adicción o una alteración súbita que,
en un momento de embriagues, aniquile millones de vidas.
