Anne Marie Mergier
Tras dos semanas a la deriva, una lancha
inflable con 72 pasajeros que buscaban llegar a Italia terminó varada en la
costa de Libia, de donde partió inicialmente. En ese lapso no recibieron
ninguna ayuda a pesar de que los vieron buques de guerra, pesqueros e incluso
helicópteros. La apatía cobró 63 vidas y sólo hubo nueve sobrevivientes. Aunque
este hecho ocurrió en 2011, en junio pasado un grupo de 15 ONG conocido como
Nuestra Coalición acompañó a cuatro sobrevivientes para interponer demandas en
Francia, España, Italia y Bélgica contra quienes resulten responsables por el
criminal abandono de personas.
PARÍS (Proceso).- “Tengo pesadillas. Por la
noche me atormentan las imágenes de la tragedia y no puedo dormir. Ver cómo
mueren una tras otra 63 personas no se olvida fácilmente”, confía Abu Kurke.
Delgado, de rasgos finos y mirada insondable,
Kurke es uno de los nueve sobrevivientes de la “lancha-ataúd” que salió de
Libia el 26 de marzo de 2011 con 72 personas a bordo para tratar de alcanzar la
isla italiana de Lampedusa. La balsa inflable estuvo dos semanas a la deriva en
el Mediterráneo y acabó varada de regreso en la costa libia el 10 de abril.
Durante su periplo la embarcación se cruzó
con dos pesqueros y un buque militar. Los migrantes desesperados pidieron
auxilio a los pescadores y a los marinos. En vano. Tampoco los socorrió un
helicóptero militar que tuvo contacto directo con ellos.
El servicio de guardacostas de Italia emitió
llamadas de socorro a la OTAN y a las naves militares y comerciales presentes
en el Mediterráneo, indicando la localización de la balsa. Estas llamadas se
repitieron cada cuatro horas durante 10 días. No tuvieron el mínimo eco.
A mediados de marzo de 2011 el operativo
Unified Protector desplegado por la OTAN en la costa libia convirtió el
Mediterráneo en el espacio marítimo más vigilado del mundo. Aviones de guerra,
aeronaves de patrulla y helicópteros vigilaban el espacio aéreo y el mar era
recorrido por decenas de naves de combate y varios portaaviones, entre ellos el
Charles de Gaulle (nave insignia de la marina francesa) dotado de sofisticados
sistemas de vigilancia y comunicación.
Kurke sabe que la tragedia que sufrió y que
le costó la vida a sus compañeros es sólo una entre miles. Pero está consciente
de que el hecho excepcional de haber sobrevivido lo convierte en un testigo de
mucha importancia. El joven etíope asume esa responsabilidad: Tiene el valor de
denunciar públicamente la atrocidad de estas vidas perdidas ante la indiferencia
general y de exigir justicia.
El pasado 18 de junio, junto con tres
compañeros de infortunio también etíopes –Elias Mohamad Kadi, Mohamad Ibrahim y
Kebede Asfaw Dadhi– y 15 organizaciones no gubernamentales de Francia, Italia,
Bélgica, España, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos –reunidas con el nombre
de Nuestra Coalición y coordinadas por la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH)–, Kurke presentó una demanda “contra gente desconocida” ante el
Tribunal de Primera Instancia de París por “no asistencia a persona en
peligro”.
Ese mismo día sus abogados españoles, también
miembros de Nuestra Coalición, presentaron una denuncia similar ante la
Audiencia Nacional en Madrid.
Una tercera demanda por el mismo motivo acaba
de ser interpuesta en Italia y una cuarta pronto lo será en Bélgica. En Gran
Bretaña, Canadá y Estados Unidos, donde no se pueden llevar ese tipo de
querellas judiciales, las ONG exigen de sus gobiernos que investiguen por qué
sus fuerzas militares desplegadas en el Mediterráneo en los días de la tragedia
no rescataron a los migrantes, pese a haber sido debidamente avisadas de su
desesperada situación.
Una acción conjunta internacional de tal
envergadura es excepcional.
Según explica Patrick Baudouin, presidente de
la FIDH, el caso de Kurke y de los sobrevivientes de la lancha-ataúd tiene una
importancia capital por sí mismo y porque permite enfrentar pública y
judicialmente a los Estados occidentales con sus ineludibles obligaciones
humanitarias.
“Escasos son los testimonios de las víctimas
de los naufragios que ocurren a menudo en el Mediterráneo”, dice Baudouin. “El
de Kurke y sus compañeros nos permitió llevar una investigación exhaustiva
sobre lo que pasó entre el 26 de abril y el 10 de marzo de 2011. Llegamos a la
conclusión de que se hubiera podido salvar la vida de los 63 pasajeros de la
lancha. Ese crimen no debe quedar impune. Los responsables deben ser
identificados y juzgados. Tal es el objetivo de nuestras demandas en Francia y
otros países europeos”.
La odisea de Kurke empezó en su provincia
natal de Oromia, que se extiende del centro al oeste y del centro al sur de
Etiopía. Acababa de salir de la adolescencia cuando incursionó en la militancia
política. Detenido en 2006 pasó seis meses en la cárcel; huyó de su país en
2007 y se refugió en Sudán, donde vivió dos años. A finales de 2009 se lanzó a
la peligrosa travesía del desierto para alcanzar Libia, donde la guerra civil
lo sorprendió a principios de 2011.
Más de 750 mil extranjeros vivían en Libia
cuando empezó a tambalearse el régimen de Muamar Gadafi. Los occidentales
fueron rapatriados por sus gobiernos mientras los africanos tuvieron que
atenerse a sus propios medios para regresar a sus países. Los que habían
escapado de su patria por razones políticas intentaron llegar a Túnez por
tierra o a Europa, por mar. Kurke optó por la segunda vía.
Según cuenta, pasó varios días a orillas del
mar, cerca de Trípoli, intentando
abordar una lancha. Los coyotes pedían sumas
exorbitantes mientras los soldados libios trataban de impedir que la gente
huyera.
Pero súbitamente los militares cambiaron de
actitud y obligaron a los africanos a abordar embarcaciones precarias.
Obedecían órdenes de Gadafi, quien amenazaba a los paises europeos con una
‘invasión de migrantes” en caso de que intervinieran en Libia.
Así, la noche del 26 de marzo Kurke abordó
una balsa inflable Zodiac de escasos siete metros de eslora junto con otras 71
personas Los adultos, de entre 20 y 25 años, eran oriundos de Etiopía, Nigeria,
Eritrea, Ghana y Sudán.
Con el afán de llenar al máximo la balsa, los
coyotes impidieron que los pasajeros llevaran agua y comida. “Nombraron”
capitán a un pasajero de Ghana a quien le dieron un teléfono satelital y una
brújula.
“Empezamos a navegar y no tardé en entender
que había demasiada gente en la lancha. Sentí que corríamos peligro. Me quise
echar al mar para regresar a la costa nadando, pero los demás pasajeros me
dijeron que los soldados libios me iban a matar. Me quedé”, narra Kurke.
La travesía hacia Lampedusa debía durar 18
horas. El mar estaba agitado pero la balsa avanzaba. Pasaron más de 18 horas
sin que se vislumbrara costa alguna. Un avión de patrulla voló sobre la
embarcación. Meses después de los hechos se supo que era francés, que su
tripulación tomó fotos de la balsa y señaló su presencia a los guardacostas
italianos.
Al paso de las horas el mar se encrespó y a
la balsa se le empezó a terminar el combustible. Empezó a cundir el pánico. El
“capitán” llamó al sacerdote Mussie Zeria, eritreo radicado en Roma quien
encabeza la organización Habeshia, conocida por su apoyo a los migrantes
perdidos en el Mediterráneo.
El religioso alertó al Centro Romano de
Coordinación de Rescate Marítimo el 27 de marzo a las 18:28 horas. Los
guardacostas italianos lograron determinar la posición de la balsa pero no
pudieron comunicarse con los migrantes porque el teléfono satelital se quedó
sin batería.
El “capitán” paró el motor para ahorrar
gasolina y la balsa empezó a derivar. Varias horas después de la llamada a
Zerai apareció un helicóptero militar con dos personas a bordo.
“Les hicimos señas. Les enseñamos a los
bebés. Les dimos a entender que nuestra situación era grave. Tomaron fotos… y
se fueron. Al rato volvió. Con una cuerda nos bajaron galletas y botellas de
agua. También nos hicieron señas. Entendimos que nos pedían no cambiar de
posición, porque iban a volver. Y otra vez el helicóptero se fue”, recuerda
Kurke.
Los balseros se alegraron. Creyeron que se
acercaba su rescate. El “capitán” tiró la brújula y el teléfono al mar por
temor a ser acusado de tráfico de migrantes.
“Empezamos a rezar y a esperar”, dice
escuetamente Kurke.
Después de varias horas se desató una
violenta pelea entre el capitán y los pasajeros. El primero quería seguir
esperando, pero los migrantes, que ya habían perdido toda esperanza de rescate,
querían volver a Libia. Ganaron los segundos. La balsa retomó su ruta. Kurke
asegura que en ese momento el viaje se convirtió en pesadilla.
Se desató una tempestad. Las olas sacudían la
balsa y la llenaban de agua. Los vientos arrojaron al mar a varios pasajeros,
que se ahogaron. Otros fueron muriendo de inanición o deshidratación. Algunos
alucinaban. Finalmente la balsa se quedó sin combustible y los ataques de
pánico se multiplicaron.
Durante una breve calma la lancha se cruzó
con dos barcos pesqueros, uno italiano y otro tunecino. El primero se alejó a
toda velocidad, pese a las súplicas de los migrantes. Los pescadores tunecinos
se limitaron a decirles que la balsa navegaba en dirección opuesta a Lampedusa
y huyeron cuando el “capitán” de la balsa les pidió gasolina.
Después
empezó el auténtico horror.
“Cada día morían más personas. Me di cuenta
de que la gente que tomaba agua de mar moría más rápido que quienes aguantaban
la sed. Guardé una de las botellas que nos había lanzado el helicóptero. La
llené con mi orina, que bebía cuando se me secaba demasiado la boca. Para comer
sólo tenía pasta de dientes”, confía Kurke.
Agrega: “Al principio nos quedamos con los
cadáveres a bordo de la balsa porque nadie se atrevía a tirarlos al mar. Cuando
nos cruzamos con los barcos pesqueros les enseñamos los cuerpos para que
entendieran. Después de una semana el olor se tornó insoportable y empezamos a
tirar a los muertos por la borda. A veces las olas se metían a la balsa y se
los llevaban”.
Ya tenían unos 10 días a la deriva cuando se
cruzaron con un portaaviones cuya nacionalidad no pudieron identificar. La
balsa se acercó y los migrantes vieron cómo hombres vestidos de civil y otros
uniformados los observaban con binoculares y les tomaban fotos con sus celulares.
Les enseñaron los cadáveres de los bebés, los
cuerpos de las mujeres enfermas, los tanques de gasolina vacíos, las botellas
de agua vacías. En vano. Unos migrantes se echaron al mar para jalar la balsa y
acercarla al portaaviones. En balde. La nave se alejó sin ayudarlos.
La lancha dejada a la merced de las
corrientes y de los vientos siguió derivando. El 10 de abril, con sólo 11
personas a bordo acabó varada cerca de Zitla, ciudad costera libia 60
kilómetros al oeste de Misrata. Una mujer murió al pisar tierra firme; los
demás quedaron inconscientes.
Las autoridades libias los encontraron y los
encarcelaron. No les dieron atención médica. Un migrante falleció en la cárcel.
Los nueve sobrevivientes –dos mujeres y siete hombres– traumados, heridos y hambrientos
fueron trasladados de prisión en prisión. Gracias a “una ayuda exterior”, no se
precisa de quién, lograron “negociar” su liberación y fueron atendidos por la
iglesia católica de Trípoli.
Algunos llegaron a Túnez, donde siguen
viviendo en campos de refugiados.
Kurke no tuvo esa suerte. Otra vez los
soldados libios lo obligaron a subirse a una lancha que salía para Lampedusa.
Confiesa: “Encontrarme de nuevo en esa
situación después de todo lo vivido fue como haber sido condenado a muerte. Me
escondí en el fondo del bote. No quería ver el mar. Estaba seguro de que iba a
morir”.
Pero esta vez el joven etíope llegó sano y
salvo a Italia. No le fue fácil alcanzar Holanda, donde pudo al fin reunirse
con su esposa. Ambos fueron acogidos en un centro de refugiados de la cuidad de
Baexem. Pidieron asilo en los Países Bajos y Kurke empezó una terapia. Pero sus
sueños de vida estable se derrumbaron el 29 de marzo de 2012, cuando él y su
esposa fueron detenidos por la policía migratoria holandesa. La pareja fue
trasladada a un centro de retención y amenazada de expulsión; aún eran
indocumentados.
Marq Wijngaarden, su abogado holandés, apeló
ante la Corte Suprema, se movilizaron organizaciones de defensa de los derechos
humanos, estalló el escándalo y finalmente las autoridades holandesas
regularizaron la situación migratoria de Kurke y su esposa.
El mismo 29 de marzo de 2012, cuando la
pareja era detenida en Baexem, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
presentó un informe detallado del caso de la lancha-ataúd en la que murieron
los 63 compañeros de Kurke y pidió que los Estados miembros de la Unión Europea
dieran pruebas de humanidad para con los sobrevivientes de esa tragedia
otorgándoles asilo.
Firmado por Tineke Strick, diputada
socialista holandesa, el informe de 26 páginas Vidas perdidas en el Mar
Mediterráneo: ¿Quién es responsable? es el resultado de una investigación de 11
meses. Sus conclusiones son demoledoras.
Enfatiza Tineke Strik: “Ese drama pone en
evidencia una serie de disfunciones: las autoridades libias no asumieron la
responsabilidad de su zona SAR (búsqueda y rescate, por sus siglas en inglés);
los centros de coordinación de salvamento marítimo italiano y maltés no
asumieron la responsabilidad de lanzar una operación de búsqueda y rescate, y
la OTAN no reaccionó al recibir las llamadas de socorro pese a que buques
militares bajo su mando estaban cerca de la lancha cuando se emitieron esas
llamadas”.
Y precisa: “El navío de guerra español Méndez
Núñez estaba aparentemente a una distancia de 11 millas de la balsa, pero
Madrid niega el hecho. Los países cuyos buques enarbolaban su bandera en los
alrededores del bote faltaron también a la obligación de salvar a estas
personas. Lo mismo que dos barcos pesqueros que rehusaron responder a sus pedidos
de auxilio”.
Strik denuncia además graves “lagunas
jurídicas marítimas” que sirvieron de “pretexto” para no socorrer a los
migrantes; fustiga a los Estados europeos por ejercer represalias judiciales
contra los barcos comerciales que rescatan a migrantes, acusando a sus
tripulaciones de tráfico de seres humanos; también culpa a la OTAN y a los
Estados implicados militarmente en Libia por no haber anticipado el éxodo de
refugiados que desencadenó su intervención.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa no suelta el caso. Su prioridad es identificar el helicóptero y el
portaaviones que se negaron a salvar a los pasajeros de la lancha- ataúd. Strik
exigió datos precisos al respecto a la OTAN y a los Estados implicados en el
operativo Unified Protector. Hasta ahora se ha topado con un muro de silencio y
mala fe.
Lo mismo pasó con Stéphane Maugendre, abogado
francés de los cuatro sobrevivientes etíopes, quien hace un año –en abril de
2012– interpuso una primera demanda por no asistencia a persona en peligro ante
el procurador de la República del Tribunal Superior de París.
“El procurador transmitió nuestra denuncia al
Ministerio de Defensa de Francia. La respuesta de los militares fue tajante: no
encontraron motivo alguno para ser incriminados.
“Según ellos, las fuerzas aéreas y navales
francesas que operaban en el Mediterráneo no incursionaron bajo el paralelo 35,
donde derivó la balsa. Afirmaron, además, no sentirse responsables ya que a
partir del 31 de marzo de 2011 estuvieron bajo el mando de la OTAN y del
operativo Unified Protector. La Fiscalía se dio por satisfecha con esa
respuesta y archivó nuestra demanda”, confía Maugendre a la corresponsal. Se
nota indignado.
“La amplia investigación que Nuestra
Coalición hizo en los últimos meses demuestra la mala fe del Ministerio de
Defensa francés. Juntamos elementos de prueba contundentes que nos permiten
presentar ahora una nueva denuncia, pero esta vez como coadyuvantes civiles, lo
que obliga a la apertura de una instrucción judicial. Hubo clara violación de
la obligación de prestar socorro a los pasajeros de esa lancha. Ese crimen no
puede quedar impune.”
Gonzalo Boye, abogado español de Kurke y de
los otros tres etíopes, va más lejos. Habla de “crimen de guerra”.
Dice a la corresponsal: “La Convención de
Ginebra y el propio Código Penal español establecen como delito el hecho de no
prestar socorro o no dar el trato debido a personas que tienen que ser
especialmente protegidas en caso de conflicto armado. Los militares españoles
se fueron a Libia en misión de paz en un conflicto armado. Tenían que respetar
los principios que rigen en caso de guerra.
Al no hacerlo perpetraron un crimen de
guerra; es lo que estipulan los protocolos adicionales de la Convención de
Ginebra. Hasta donde sabemos el buque Méndez Núñez, que navegaba muy cerca de
la desafortunada lancha, no auxilió a sus pasajeros”.
El pasado 18 de junio Boye presentó ante la
Audiencia Nacional la demanda por no asistencia a persona en peligro, contra el
capitán del Méndez Núñez y contra quien resulte responsable.
“Por increíble que parezca, hasta la fecha no
hemos logrado conocer la identidad del capitán”, recalca.
Insiste en la importancia de la iniciativa
internacional lanzada por Nuestra Coalición: “Vamos a sentar un precedente
judicial capital para la protección de los migrantes. Y eso vale para todos los
migrantes que siempre son los más vulnerables y los más golpeados. Pienso entre
muchos otros en los africanos que se arriesgan a cruzar el Mediterráneo, pero
también en los centroamericanos que corren tantos riesgos al pasar por México.
Los poderes públicos europeos y mexicanos, para citar sólo estos, tienen la
obligación legal y moral de protegerlos. Si no lo hacen, nos toca recordarles
sus deberes.”
