Por Jesús Susarrey
Advertía el General Eisenhower que
cuando un gobierno o sociedad pone los intereses individuales por encima de los
principios todos pierden. Esta fue la dinámica de la gestión de Guillermo
Padrés pero los sonorenses lo castigaron con su voto y apostaron por el
proyecto de la actual gobernadora Claudia Pavlovich enfocado a
ejercer el poder en base a los obligados principios de probidad, eficacia y la
preponderancia del interés general.
A pocos días de iniciado su
mandato, la Gobernadora ha sido congruente con el proyecto anunciado y ha
mostrado capacidades para liderarlo. Parece dimensionar adecuadamente el tamaño
del reto, pero sabemos que al momento de traducirlo en políticas públicas
topará con resistencias.
Es paradójico -pero no novedad
-que algunas de ellas provendrán de grupos y actores de la sociedad política
que desde hoy se les percibe más orientados a la defensa de su interés y en
coludirse entre grupos y poderes para esos propósitos. Lo mismo puede decirse
algunos miembros del sector social y empresarial que buscan el privilegio y los
contratos gubernamentales.
Las resistencias pueden
generar problemas de otras dimensiones. La orientación de las políticas
gubernamentales no sólo fueron ya señaladas por la Gobernadora. Son parte
del diseño de su oferta electoral, enriquecida en sus contactos de campaña y
son ya temas de la agenda pública. Incorporarlos a la agenda gubernamental
traducidas en políticas públicas específicas es tarea obligada que, de no
cumplirse, traería consecuencias que por evidentes no es necesario
reseñar.
El debate, la deliberación y el interés general, esencia de las
políticas públicas
Es de todos conocido que
gobernar por políticas públicas va más allá de la técnica y los programas
tradicionales de gobierno. Aportan soluciones específicas e identifica causas
originarias, pero implica procesos de participación, discusión y acuerdos con
grupos y puntos de vista diversos. Su esencia es la deliberación pública y la
preponderancia del interés general sobre particular, por ello son posibles sólo
en entornos democráticos.
Los asuntos que preocupan y
afectan a la mayoría, principalmente la exigencia de un gobierno diferente
apegado a normas éticas y jurídicas son parte ya del diagnóstico y la discusión
pública. Eso es lo que hay detrás de las promesas de campaña. No se trata de
ocurrencias ni recursos retóricos y su pertinencia es incuestionable.
Por su obviedad, no debiera
ser necesario el comentario anterior pero es útil para dimensionar el
despropósito de quienes exigen privilegios y cuotas de poder y para el cálculo
de sus consecuencias. Son incompatibles con las buenas políticas públicas que a
su vez, son condición ineludible para la gobernabilidad democrática,
obstaculizarlas por el indebido reparto de prebendas de no es una falta
menor.
El rechazo y la irritación en
contra el gobierno anterior fue motivada justamente por la sospecha – fundada
en algunos casos- de que sus acciones estaban guiadas por intereses
grupales e individuales. La exhibición de los presuntos desaseos del propio ex
-Gobernador y sus principales colaboradores alimenta día a día esa indignación.
Repetirlos equivale a algo más que un desafío.
Los expertos prescriben que
para diseñar políticas publicas exitosas debe cumplirse el requisito de su
legitimidad en tres dimensiones: La de origen, referida a poderes públicos
elegidos mediante el voto; la de los medios propuestos para atender los
problemas que suponen la búsqueda de consensos y; la legitimidad de los fines
que favorece el interés público por encima del privado. El enfoque del gobierno
actual apunta en esa dirección, lo difícil es instrumentarlas..
La descalificación y la incomprensión de las políticas públicas
A las resistencias señaladas,
se suma la descalificación anticipada y la incomprensión del proceso de
gobernar por políticas públicas. Si bien el debate es condición necesaria, los
argumentos deben sustentarse en evidencias confiables y verificables. Se
estimulan opiniones informadas no burdas conjeturas. Anticipadas, porque muchas
de la soluciones son de mediano y largo plazo y requieren metas intermedias.
Se critica con razón por
ejemplo que la Fiscalía Anti-Corrupción está lejos aún del ideal planteado. Al
margen de la explicación oficial, lo cierto es que disyuntiva era esperar a
realizar los cambios jurídicos necesarios y a que en el ámbito federal se
termine de definir el sistema nacional, al que deberá acoplarse el Estatal, o;
implementar una medida intermedia para intensificar tareas reclamadas con
urgencia y que están ya contempladas en la legislación actual. De hecho su
omisión es parte del problema.
Quizá sea cuestionable la
manera en que fue comunicada y la duda sobre la imparcialidad del Fiscal
por su pasada militancia priista justifique escepticismos, pero como argumentos
para descalificar la creación del nuevo órgano fiscalizador son insuficientes.
Intensificar la fiscalización es una medida atinada, aún con sus actuales
limitaciones.
Finalmente, se trata es de
evitar que la agenda de cambios sea capturada por grupos de poder y que la
instrumentación de políticas públicas exitosas no sea obstaculizada por un
sentido patrimonialista del quehacer público que sigue presente. Se sabe que
combatirlo es insoslayable y conviene no perder de vista a los verdaderos
enemigos.
