Por José Cruz Vieyra/Cartaspropias
La noción de una Gobernadora con poderes y recursos
ilimitados es un cuento viejo que ya no es útil para comprender los retos que
enfrentamos y diseñar alternativas de solución.
La capacidad institucional para responder a las demandas
de la sociedad, eso que los estudiosos del poder llaman “gobernabilidad”,
además de la voluntad política que ha mostrado la próxima mandataria, exige una
base fiscal sólida y suficiente; un Estado de Derecho robusto; la efectiva
división y supervisión entre poderes; rendición de cuentas y; un federalismo
consolidado.
No se requiere ser un experto para saber que ninguno de
estos componentes luce bien. Desastre en las finanzas estatales y municipales;
improbidad, impunidad e injusticia; un Congreso y Cabildos controlados
que se resisten a cumplir del todo su tarea de supervisar el desempeño y
exigir rendición de cuentas; un Poder Judicial debilitado por la intromisión
del Ejecutivo que no proyecta la imparcialidad y autonomía que debiera; y una
fuerte dependencia fiscal y operativa de la federación que se resiste a
descentralizar.
La Gobernadora electa y su equipo de transición han sido
hasta ahora cautelosos al señalar la ruta que seguirán y sólo han esbozado
trazos generales que ratifican su propuesta electoral y al parecer
prudentemente esperan contar con información más detallada sobre el estado en
que recibirán la administración pública.
La solución no
está sólo en el ámbito de atribuciones del Ejecutivo
Sin embargo, se puede adelantar que el Congreso del
Estado, el Poder Judicial y los Cabildos no pueden seguir rehuyendo a cumplir
cabalmente su responsabilidad de cooperar eficazmente con el Ejecutivo y los
Alcaldes en la búsqueda del bienestar general. Sobre todo, a su importante
función de supervisar y vigilar su desempeño -en todos los niveles- y todos los
procesos de la vida pública.
Que se haya permitido la disfuncionalidad de esos
dispositivos no anula su relevancia. La solución a muchos de los problemas está
en ellos. Los Diputados y Regidores pueden y deben actuar más
comprometidamente con el modelo de transparencia y de responsabilidad
política y jurídica de los funcionarios; el Judicial con el de ceñimiento del
conjunto social a las leyes y; los Legisladores Federales con la exigencia del
respeto al pacto federal que supone equidad y apoyo. Han sido evidentes por
ejemplo los beneficios de los recursos federales que han gestionado pero es
mucho más lo que pueden hacer.
De las inconsistencias e irregularidades que hoy se
señalan pocas fueron detectadas y denunciadas por Diputados y Regidores pero no
tuvieron el consenso necesario en sus asambleas para frenarlas. No es necesario
ser un experto para percatarse de la inutilidad del Congreso y de los Cabildos
como contrapoderes de control. Los deficientes resultados de gobierno lo
evidencian.
Es conocida también la injerencia del Ejecutivo Estatal,
de Alcaldes y de partidos en las decisiones legislativas y de los
Ayuntamientos. Es comprensible su interés en apoyar iniciativas e influir en
las deliberaciones. La comunicación y la negociación entre poderes es parte de
las interacciones democráticas. Lo incomprensible, es que los Legisladores y
Regidores renuncien a su responsabilidad de representar el interés general para
seguir la lógica del interés partidista y del interés personal y que incumplan
su tarea de supervisión y vigilancia
Si en el caso de la Asamblea Legislativa y los Cabildos
la injerencia es entendible pero cuestionable, la intromisión en las decisiones
del Poder Judicial va más allá, es simplemente una irresponsabilidad por
tratarse de una instancia en la que su absoluta independencia es condición para
la imparcialidad de sus laudos. Debe reconocerse que la férrea defensa por
parte de sus miembros ha evitado daños mayores.
La responsabilidad
de los partidos políticos
Los partidos políticos no son ajenos a estos despropósitos
ni pueden desatenderse de las soluciones. Saben que la democracia no se agota
en el voto, para transformarlos en buenos gobiernos, es necesario que asuman
eficientemente su tarea de intermediación y trasladen intereses diversos pero
legítimos a las esferas de decisión. Sin dejar de defender su programa, ni
renunciar a su deber de oponerse cuando el interés general se pone en riesgo,
tienen también la responsabilidad de apoyar las iniciativas y proyectos
que lo favorecen y de generar los consensos necesarios.
Contribuir a la eficacia de la supervisión entre poderes
y la rendición de cuentas puede rescatarlos del descrédito ciudadano. Un
ejemplo reciente es justamente el PRI-Sonora que como oposición enarboló las
banderas contra la impericia, la improbidad y la opacidad del gobierno actual,
los electores lo premiaron con un holgado triunfo. Desde luego aún falta que lo
traduzcan en buen gobierno. Por ello,
resulta un contrasentido que haya voces que se escandalicen de la cercanía con
el gobierno cuando son partido en el poder. Lo escandaloso sería que no apoyen
y defiendan la plataforma programática que impulsaron. En todo caso la
anteposición del bienestar general es lo que debería determinarlo.
Lo cierto es que junto a los otros poderes y niveles de
gobierno, comparten con la Gobernadora la responsabilidad de corregir el
desastre del fallido “Nuevo Sonora”. Esperemos que la apoyen. Una mayoría
electoral ya la apoyó en las urnas.
