jueves, 18 de septiembre de 2014

Los conflictos en Sonora por el tema del agua, contaminarán 2015

Ana Gabriela Guevara exhorta a Guillermo Padrés a dar solución sin polarizar el problema


"Parece que la situación por la que atraviesa actualmente el Estado de Sonora, deja ver muchas ópticas y distintas interpretaciones”, externó en tribuna la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, al referirse al conflicto originado por el Acueducto Independencia y el cual mantiene divididas las voluntades de los sonorenses.

Recordó que ella se ha mantenido en contacto con los habitantes de Vicam, Sonora desde que el Gobierno del Estado de Sonora anunció esta obra hidráulica con la cual se pretende llevar agua del Valle del Yaqui a la ciudad de Hermosillo.

“Desde un principio y hasta la fecha he señalado que el problema no es determinar quienes tienen derecho al agua. Este es un asunto de gobernabilidad y corresponde a las autoridades abastecer del vital líquido a los habitantes, de manera pacífica”, reiteró la legisladora sonorense, “es preocupante ver como la falta de respuesta ha enrarecido la paz y la tranquilidad en Sonora, por ello una vez más exhorto al gobernador a no polarizar esta situación”.

Al problema del Acueducto Independencia se suma la contaminación del Río Sonora por actos negligentes del Grupo México y la existencia de un represo particular en propiedad de Guillermo Padrés Elías, lo que evidentemente será empleado por partidos políticos como señuelo y habrá de contaminar el proceso electoral que se registrará en 2015, señaló Ana Gabriela Guevara.

En el pleno de la sesión celebrada este miércoles 17 de septiembre, la Senadora recordó que la Suprema Corte de Justicia ya emitió una resolución respecto al Acueducto Independencia y que, contrario a respetar y acatar lo dispuesto, sólo se ha visto morosidad y renuencia por parte de la autoridad, en el cumplimiento de la misma.

Asimismo la legisladora sonorense destacó que este día se sumó a la iniciativa de Ley de Amnistía presentada por senadores del PAN, PRD y PT, mediante la cual se espera la liberación de 383 autodefensas y que se deje de criminalizar el activismo ciudadano, como ha ocurrido en el caso de Mario Luna Romero, líder de la Tribu Yaqui.