Víctor Chávez/ El Financiero
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de
Diputados reportó que el 30 por ciento de los recursos destinados a los pueblos
originarios presenta subejercicios, a pesar de que 80 por ciento de estas
comunidades se encuentra en vulnerabilidad en materia de seguridad, salud y
educación.
Subraya que “los programas y las acciones instauradas en
la actualidad han mostrado resultados temporales e insuficientes para terminar
con el rezago de los pueblos indígenas”.
En un estudio -basado en cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el INEGI- destaca que “las causas de este menor gasto son las reglas de operación inaccesibles para los 15.7 millones de indígenas que habitan en el país”.
Lo anterior genera reacciones de autodefensas, de rechazo
a las reformas, de protesta y hasta de guerrilla.
Por ello, expone que “es necesario realizar políticas públicas
orientadas al desarrollo de los pueblos indígenas en los ámbitos económico,
social, político y cultural, y garantizar que el presupuesto destinado a este
sector sea orientado de forma correcta, a fin de que las comunidades salgan del
retraso y la marginación. Los pueblos indígenas no buscan dádivas; lo que
quieren son oportunidades para ser productivos y autosuficientes”.
Considera que un tema fundamental a atender es el
principio de participación y consulta a los pueblos indígenas, al tenor de los
instrumentos internacionales de los que México forma parte, a fin de empatar
objetivos, metas y generación de indicadores que permitan evaluar el efecto de
las políticas públicas en la materia.
Precisa que es necesario homologar lo establecido en el
artículo primero de la Constitución con los tratados internacionales, respecto
a los derechos humanos, ya que esto permitirá a los indígenas un trato digno y
que se les consideren sujetos de derecho público.
Además, recomienda que se les reconozca la manera
colectiva de seleccionar a sus autoridades y figuras de gobierno, así como sus
formas de expresión y tradiciones.
Refiere también que los pueblos indígenas “son engañados
por grandes empresas mineras, ya que se les expropian sus tierras sin
consultarles y al no pedirles su opinión sobre concesiones a proyectos
hidroeléctricos, eólicos y mineros, en estas comunidades, violan principios
internacionales”.
“Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo,
sino que se respete su derecho a la consulta, la salvaguarda de los recursos
minerales y ecosistemas y se les dé la oportunidad de participar en los
proyectos como socios por ser dueños de la tierras, las cuales han preservado
por muchos años y representan más del 90 por ciento de la riqueza ambiental del
país”, puntualizó.
Plantea que ante este panorama, “es importante formular
planes nacionales, programas sectoriales y quehaceres institucionales que
fomenten el derecho a la representación de los pueblos indígenas y buscar
mecanismos que faciliten las reglas de operación y que el presupuesto sea
utilizado de manera responsable, ya que esto contribuirá a terminar con el
rezago y vulnerabilidad de las comunidades rurales”.