lunes, 17 de junio de 2013

PGR, sobre la “transa” a Viudas de Pescadores


•La Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros del organismo federal da seguimiento al caso
•Noé Siqueiros comparece en la capital del país para ampliar su testimonio; también a Peña Nieto pide justicia
•Ante la PGJE rinden declaración Eleno de Anda, Juan Manuel Félix, Jesús Camarena y Antonio Cervantes

Fernando Villa Escárciga 
“… Sí, a mi papá y a muchos pescadores en Nayarit también les hicieron lo mismo”, expresó Cindy Mariana Hidalgo Padilla, agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República con base en la Ciudad de México, Distrito Federal.

La titular de la Mesa 15 de la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, organismo de la PGR,  agregó más información al expediente sobre el fraude a miles de pescadores de Guaymas y sus familias.

Se trata de la Averiguación Previa UEIDFF/FINM/15/67/2013 en el que se inscribe el seguimiento a la insistente exigencia de justicia de la Asociación Civil Pensionados y Viudas del Mar de Cortés, integrada por más de 600 familias.

Hace unas semanas compareció ante la Agencia Ministerial de la Mesa 15 el líder de las viudas y pescadoresNoé Siqueiros Luque, quien ante pedimento oficial presentó más información sobre este caso que investigan órganos judiciales de Sonora y la Federación.

El caso, como ya se ha informado, se refiere al Fideicomiso 8045-9 inscrito en Scotiabank Inverlat del que se desprenden omisiones, complicidades y corruptelas de directivos cooperativistas y banqueros que hasta ahora se han burlado de la ley y la justicia.

Legítimos dueños
Con Noé Siqueiros al frente, los hombres de mar exigen la devolución de millones de pesos depositados en el Fideicomiso que primero se registró en Multibanco Comermex y después pasó a Inverlat, en un sinuoso camino pronto a despejarse.

Los recursos fueron fondeados con el valor de 800 kilos del camarón mejor cotizado en dólares, retenido a trabajadores de más de 500 barcos entre 1983 y 1990, lo que equivaldría a cientos de millones de pesos más intereses a la fecha.

Lo anterior se suscribió por la ex Federación de Cooperativas “Sur de Sonora” en acuerdo con la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras bajo el mando de Jorge Muñoz Villanueva así como Lidia Valle Espinoza, hoy indiciados por presuntos delitos penales.

El dinero estaba destinado, según los argumentos legales del fideicomiso, a garantizar un fondo como seguro de vida para los pescadores y sus familias, así como para la jubilación de los hombres de mar.

Es dinero de ellos, dinero ganado durante arduas jornadas, de privaciones y sudores de día y noche en altamar durante varias temporadas de siete meses o más cada una en el transcurrir de ocho años; es dinero que les quieren robar.

Pero las Viudas de Pescadores y los hombres de mar que sobreviven o sus familias ahí siguen: tercos, insistentes, en reclamo constante de que las instituciones de justicia hagan su trabajo, de que cumplan con la ley.

Hoy la PGR a través de la Unidad Especializada en Delitos Financieros despliega sus redes de investigación para esclarecer este caso en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

En seguimiento a la Averiguación Previa C1-1087/2006, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Humberto David González Cano, recién ordenó la comparecencia de varios directivos y personas involucradas en el caso.

Por lo pronto, ya rindieron su declaración ministerial Eleno de Anda López, Juan Manuel Félix Espinoza, Antonio Cervantes Zúñiga, Jesús Camarena Hernández y Francisco García Rodríguez, éste último en calidad de testigo.

Al mismo tiempo, la Procuraduría Estatal mantiene su petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene a Scotiabank Inverlat rinda información pormenorizada sobre todos los manejos y situación actual del Fideicomiso 8045-9.

Durante varios años el caso de las Viudas y Pescadores de Guaymas parecía navegar hacia la derrota, pese a las constantes movilizaciones, marchas, plantones y bloqueos de cientos de hombres de mar y sus familias.

Solicitud a EPN
El caso dio un giro espectacular desde que el reconocido abogado sonorense Roberto Ross Gámez tomó las riendas del litigio para poner jaque a varias instancias federales, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Noé Siqueiros, por su parte, mantiene un arduo trajín con documentos probatorios en mano, tocando puertas, exigiendo justicia y rindiendo testimonios sobre uno de las injusticias más crueles contra los pescadores sonorenses.

Empero, intervención de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, desde la capital del país, parece indicar que la aplicación de la ley está cada vez más cerca.

En ello, quizá, también tendría qué ver el reciente documento remitido por Noé Siqueiros al presidente Enrique Peña Nieto, en el que le explica la situación de los pescadores guaymenses y sus legítimos reclamos de justicia.

Siqueiros Luque, emanado de una familia de hombres de mar, expone al Presidente la República la desesperante espera de cientos de familias que exigen lo suyo: el patrimonio logrado con su trabajo y sudor.

Del presidente Peña Nieto y las autoridades procuradoras de justicia, las viudas y pescadores del puerto sonorense apenas demandan la simple aplicación de la justicia con fundamento en la ley.


Por ahora, la PGR y la PGJ de Sonora parecen aprestarse a tender sus redes en un proceso donde, al tiempo que se castiga a los trácalas, se recupera el patrimonio para sus verdaderos dueños: Las Viudas y Pescadores de Guaymas.